El polémico convenio entre el Gobierno de Nuevo León y la asociación Reforestación Extrema ha encendido un fuerte debate público y político debido a la falta de transparencia en el manejo de cientos de millones de pesos. La Auditoría Superior del Estado (ASE) ya recibió denuncias formales para que se investigue a fondo este acuerdo, considerado por legisladores y ciudadanos como un ejemplo claro de opacidad y de manejo discrecional de recursos públicos.
La controversia ha ido en aumento porque, según se ha documentado, el convenio vigente permitió que la organización recibiera sumas millonarias sin cumplir con los lineamientos básicos de rendición de cuentas. En lugar de reportes financieros detallados y comprobantes de gasto, únicamente se solicita a la asociación una descripción general de las actividades realizadas con el dinero. Para los críticos, esta situación representa un retroceso en la exigencia de transparencia y un riesgo para el uso adecuado de fondos que deberían beneficiar a toda la sociedad.
El lucrativo convenio con el que el Gobierno de @samuel_garcias permite a @reforestacion recibir y ejercer cientos de millones de pesos sin seguir leyes de transparencia o rendición de cuentas ya fue sustituido… por otro aún más opaco.
— Daniel Reyes (@dreyesmty) August 25, 2025
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Legisladores exigen auditoría especial
El cuestionamiento hacia Reforestación Extrema no es nuevo, pero la polémica se reavivó tras la sustitución del convenio original por otro más laxo y opaco. Legisladores locales presentaron una denuncia formal ante la ASE, pidiendo que se realice una auditoría exhaustiva de las operaciones de la asociación y de la Secretaría de Medio Ambiente, dependencia responsable de firmar y avalar este acuerdo.
Las críticas señalan que el cambio en las cláusulas debilitó los mecanismos de control que ya existían. En el convenio inicial, firmado en 2023, se establecía la obligación de entregar informes trimestrales, acompañados de estados de cuenta bancarios y comprobantes de adquisición. Sin embargo, en el nuevo documento estas obligaciones desaparecieron, dejando espacio a simples reportes narrativos que carecen de validez contable.
El señalamiento es contundente: el Gobierno estatal permitió que una asociación civil manejara más de 320 millones de pesos con apenas un mínimo de supervisión. Para los inconformes, este es un caso paradigmático de cómo se puede disfrazar la entrega de recursos públicos como aportaciones privadas para evadir los controles que exige la ley.
Reacciones ante la opacidad del convenio
La asociación Reforestación Extrema, encabezada por Cosijoopii Montero, ha sido cuestionada por su rol en este esquema de financiamiento. En el pasado fue reconocida como un grupo ambientalista, pero ahora se le acusa de haberse convertido en un recaudador de fondos con privilegios injustificados. La crítica principal es que, bajo el argumento de promover la compensación ambiental, ha recibido cantidades millonarias sin ofrecer una rendición clara sobre el destino final de ese dinero.
El tema escaló cuando medios de comunicación revelaron que la Secretaría de Medio Ambiente había firmado un nuevo convenio que eliminaba las obligaciones más estrictas. La indignación ciudadana creció al confirmarse que lo que se consideraba un mecanismo de supervisión terminó siendo un simple trámite administrativo.
En el Congreso local se han alzado voces pidiendo no solo la investigación de los convenios, sino también la destitución de los funcionarios que participaron en la redacción y firma de los documentos. La presión pública ha generado un debate más amplio sobre la manera en que el Gobierno maneja los recursos destinados a temas ambientales.
El argumento de la Secretaría de Medio Ambiente
Frente a las críticas, el actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano, aseguró que la polémica cláusula ya fue corregida. Según explicó, semanas después de la firma se realizó una adenda que devolvía el convenio a sus términos originales. No obstante, esta modificación no había sido publicada en la Plataforma de Transparencia hasta mediados de 2025, lo que alimentó aún más las sospechas sobre la falta de claridad en el proceso.
El propio Lozano no explicó por qué se cambió la redacción del convenio en un principio ni detalló quién autorizó la eliminación de las cláusulas más estrictas. Para la oposición y para varios colectivos ciudadanos, esta omisión revela que hubo intención de facilitar un manejo más discrecional de los recursos. Aunque se hable de corrección, la percepción de opacidad permanece y ha golpeado la credibilidad de la Secretaría.
La respuesta oficial, en lugar de cerrar el tema, ha generado más preguntas: ¿por qué se permitió un cambio que debilitaba la rendición de cuentas? ¿Por qué no se informó de inmediato a la ciudadanía que la cláusula había sido corregida? Y, sobre todo, ¿qué pasó con los recursos ejercidos durante el tiempo en que el convenio estuvo vigente en su versión más laxa?
Reforestación Extrema y la transparencia pendiente
La discusión sobre Reforestación Extrema va más allá de un convenio específico. Este caso refleja una tensión recurrente en Nuevo León: la dificultad para garantizar la transparencia en el manejo de fondos destinados a proyectos ambientales y sociales.
El modelo bajo el cual funciona la asociación ha permitido que compensaciones económicas de empresas y particulares por impacto ambiental no ingresen a la Tesorería estatal, sino que se depositen directamente en las cuentas de organizaciones privadas. Con ello, se esquivan las leyes de adquisiciones y fiscalización, bajo el argumento de que se trata de recursos privados.
Sin embargo, la línea es difusa, pues estos fondos se originan en obligaciones establecidas por la autoridad. De ahí que múltiples sectores cuestionen si en realidad se trata de dinero público administrado de forma privada. Lo que debería ser un esquema de fortalecimiento ambiental, terminó por convertirse en un punto de opacidad y sospechas de favoritismo.
La exigencia de la ciudadanía es clara: si el Gobierno quiere hablar de confianza y de compromiso con el medio ambiente, debe transparentar cada peso que se entrega a estas asociaciones, garantizar la fiscalización independiente y asegurar que los recursos se utilicen para proyectos verificables.
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