Matrimar, la empresa Materiales Triturados Martínez ubicada en Cerralvo, acusó directamente al gobierno de Samuel García de ejercer presiones económicas para permitir su operación. El señalamiento incluye presuntas prácticas de extorsión estatal, el uso del Impuesto Verde en Nuevo León como mecanismo de presión y la filtración de un audio que involucra a dirigente de MC en negociación irregular. El caso, que escaló a tribunales, fue resuelto a favor de Matrimar. Ahora Baltazar Martínez continúa impune y las empresas han hecho un frente común contra el gobierno estatal.
El inicio: Denuncia por extorsión estatal a Matrimar
La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en el municipio de Cerralvo, acusó formalmente a la administración estatal de exigir un pago cercano a los 50 millones de pesos para permitirle continuar con sus operaciones.
Como respaldo de su versión, integrantes del consejo directivo filtraron un audio fechado el 27 de noviembre del año pasado. En la grabación se escucha a Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, fungir como intermediario en una llamada con un directivo de la empresa.
En el material se hace referencia a auditorías abiertas, inspecciones pendientes y a la necesidad de realizar un “pago fuerte” para destrabar la situación. La conversación ocurre tres días después de que la pedrera fuera suspendida por autoridades estatales.
La denuncia por extorsión estatal a pedreras en Nuevo León no surge en el vacío. Desde 2025 varias empresas del sector mantienen disputas legales con el Estado por la aplicación del llamado Impuesto Verde, el cual ha sido cuestionado por su diseño y ejecución.
Impuesto verde en Nuevo León bajo señalamientos
El llamado Impuesto Verde en Nuevo León fue presentado como una medida ambiental para regular la actividad extractiva. Sin embargo, empresarios del ramo han denunciado que su aplicación ha derivado en inspecciones constantes, clausuras reiteradas y auditorías simultáneas.
En el caso de Matrimar, la empresa sostiene que dependencias como Medio Ambiente, Tesorería y Protección Civil realizaron visitas continuas que culminaron en la suspensión de actividades. La compañía promovió amparos ante lo que consideró actos arbitrarios.
El 10 de febrero, un juez federal concedió un amparo contra medidas impuestas en noviembre. No obstante, horas después de esa resolución, Protección Civil acudió de madrugada para ejecutar una nueva clausura.
La empresa aseguró posteriormente haber ganado un segundo amparo. En un comunicado, afirmó que la resolución judicial confirma un patrón de actuaciones carentes de sustento legal, vinculadas a su negativa de ceder ante presuntos intentos de presión económica.
El giro inesperado: Audio que vincula a MC con moches
Uno de los elementos más delicados del caso es el audio que vincula a MC con negociación irregular, donde se escucha al dirigente estatal del partido hablar sobre la posibilidad de “alinearse” mediante un pago en parcialidades.
En la conversación se menciona al director de Fiscalización de la SAT estatal y al titular de Medio Ambiente. También se hace referencia a la necesidad de acercarse al Secretario General de Gobierno para facilitar el acuerdo.
El interlocutor plantea que la empresa estaría “arrinconada” por ser la única que no habría accedido a realizar un pago significativo. Además, se sugiere que el monto podría liquidarse por semana o por mes, siempre y cuando existiera disposición.
Aunque no se menciona una cifra exacta en la grabación, la empresa ha señalado públicamente que la exigencia rondaría los 50 millones de pesos.
El audio que vincula a MC con negociación irregular ha generado cuestionamientos sobre la separación entre partido y gobierno. Movimiento Ciudadano es la fuerza política que encabeza la administración estatal, lo que profundiza la percepción de conflicto de interés.
Denuncia por extorsión estatal a Matrimar escala en tribunales
La denuncia por extorsión estatal a pedreras en Nuevo León ya tiene efectos en el ámbito judicial. Los amparos obtenidos por la empresa representan un revés para las medidas implementadas por autoridades estatales.
Especialistas en derecho administrativo consultados de manera general han señalado que la reiteración de clausuras tras resoluciones judiciales podría configurar desacato si no existe una causa distinta y plenamente justificada.
Por otra parte, el uso del Impuesto Verde en Nuevo León como herramienta de presión ha sido cuestionado por sectores empresariales que consideran que la política ambiental no debe convertirse en instrumento de negociación.
La empresa afectada sostuvo que las acciones en su contra reflejan un modus operandi orientado más a la obtención de recursos que a la protección del medio ambiente.
El Desenlace: Exigen Juicio Político Contra Baltazar Martínez
Tras la victoria de Matrimar en el caso, la organización civil “Federación Libertad de un Pueblo” presentó formalmente ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra de Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. La denuncia surge tras revelarse audios que vinculan al diputado con una presunta extorsión de 50 millones de pesos en perjuicio de la empresa Matrimar. Según los promoventes y lo visto en este artículo, el legislador exigía un “pago fuerte” a nombre del gobierno de Samuel García para permitir que la pedrera, ubicada en Cerralvo, pudiera operar sin contratiempos, lo que ha desatado una ola de indignación ciudadana por el uso de las instituciones como maquinaria de cobros ilegales.
Ante la gravedad de las acusaciones, el expediente ha sido turnado a la Comisión de Anticorrupción para iniciar el procedimiento que permita retirarle el fuero al líder emecista. La presión institucional ha crecido, ya que también se menciona la posible implicación de los secretarios de Gobierno y Medio Ambiente en este esquema de corrupción.
Los ciudadanos exigen que el caso no quede en un simple proceso administrativo, sino que se sancione penalmente la conducta de los funcionarios involucrados en este descarado “cobro de piso” estatal que hoy mantiene bajo la lupa la transparencia de la actual administración en Nuevo León.
Sin embargo, a un mes del escándalo, Baltazar Martínez continúa operando como líder de Movimiento Ciudadano en el estado.
¡MC no quiere que lo sepas! 🎧 🚫 El INE bajó un spot que denunciaba las extorsiones de 50 millones de pesos en efectivo en Nuevo León. El góber prefiere callar a sus críticos que transparentar las cuentas naranjas.
— Especies Políticas (@EspeciesP_NL) March 13, 2026
El que nada debe nada teme. 💸🤔 pic.twitter.com/yip6AT82xk
Las conscuencias: Empresas forman frente común ante estado
Líderes de las principales cámaras empresariales de Nuevo León (Caintra, Coparmex y Canaco) acudieron al Palacio de Gobierno para denunciar un aumento del 30% en casos de extorsión y abusos por parte de autoridades en los últimos seis meses. Los empresarios señalaron que la falta de certeza jurídica y la exigencia de “pagos fuertes” para liberar trámites en áreas como Agua, Salud y Trabajo están frenando la inversión y la generación de empleos en el estado.
A pesar de que el Gobernador Samuel García se encontraba en el recinto a la hora de la cita, evitó recibir a los directivos y prefirió trasladarse al Parque Fundidora para grabar contenido promocional del festival Pa’l Norte. En su lugar, los empresarios fueron atendidos por secretarios estatales, entre ellos Miguel Flores, quien irónicamente ha sido señalado anteriormente por presuntamente orquestar esquemas de acoso y cobros ilegales contra el sector privado.
ArrayDirectivo de Canaco, Héctor Villarreal y titulares de otras cámaras de Monterrey llevaron a Palacio de Gobierno denuncias contra autoridades por acoso y extorsiones a empresas, pero no acudió el gobernador, Samuel García, andaba muy ocupado promoviendo el Mundial y Pa'l Norte. pic.twitter.com/YHtHYZgior
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) March 27, 2026
