Arremete Morena Contra Samuel: Condenan Operación Acordeón que Coercionó hasta a UANL

Docentes y personal administrativo de diversas instituciones educativas en Nuevo León han denunciado presiones sistemáticas para participar en un operativo político orquestado desde el Gobierno estatal, presuntamente con el objetivo de influir en la elección judicial. Las acusaciones apuntan directamente a funcionarios vinculados al gobernador Samuel García, a quien señalan como responsable de esta estrategia de movilización electoral disfrazada de “proyecto cívico”.

Actualización: Morena Acusa A Samuel De Presión Electoral

Durante una reciente conferencia de prensa, la dirigencia nacional de Morena acusó al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de haber operado un esquema de inducción al voto durante las elecciones judiciales del pasado 1 de junio. El señalamiento se centra en la distribución de “acordeones” electorales —pequeñas listas con los nombres de candidatos específicos— que presuntamente fueron elaboradas y repartidas por el equipo del mandatario estatal con el objetivo de orientar el sufragio a favor de perfiles vinculados a Movimiento Ciudadano y, en algunos casos, a Morena.

La denuncia fue encabezada por Luisa María Alcalde, líder nacional del partido guinda, quien apuntó directamente al Gobierno estatal como responsable de este acto de presión ilegal, particularmente sobre empleados públicos y ciudadanos reclutados para participar en los comicios. La situación cobra relevancia no solo por el número de impugnaciones registradas —más de 300 en Nuevo León—, sino por la creciente percepción de que el proceso judicial fue manipulado con fines partidistas.

Morena señala interferencia directa

La denuncia se presentó en un momento de creciente tensión entre Morena y gobiernos emanados de otros partidos, particularmente Movimiento Ciudadano. En la sede nacional del partido, Luisa María Alcalde sostuvo que en Nuevo León existió una operación coordinada desde el Ejecutivo estatal para influir en el resultado de las votaciones internas del Poder Judicial. Durante su intervención, mostró una imagen difundida por el diario Grupo REFORMA, publicada el 23 de mayo, donde se observa un gráfico con la leyenda “Amaña Samuel elección” y se exhiben los supuestos acordeones distribuidos con el respaldo de la administración de Samuel García.

El objetivo, según lo expuesto por Morena, fue capacitar y presionar a trabajadores estatales y otras personas vinculadas al aparato gubernamental para que votaran por una lista determinada de aspirantes. Muchos de estos candidatos habrían sido elegidos previamente por su cercanía política con Movimiento Ciudadano o por simpatizar con los intereses del gobernador.

Aunque en algunas entidades del país también se reportó que Morena repartió listas similares con nombres afines a la Cuarta Transformación, Alcalde evitó referirse a estos casos y concentró sus críticas en los gobiernos opositores, como el de Nuevo León y el de Durango.

INE va tras Samuel García

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abierta una investigación contra el gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano (MC) por su presunta participación en el llamado Operativo Acordeón, una estrategia para inducir el voto durante la reciente elección judicial en Nuevo León. A pesar de las evidencias recabadas, incluyendo infiltraciones periodísticas, grabaciones y testimonios que apuntan a reuniones organizadas por el gobierno estatal, tanto el mandatario como su partido han negado cualquier vínculo con estas acciones.

El caso ha generado 29 denuncias formales ante el INE, que ya dio vista a la Fiscalía Electoral y prepara el expediente para remitirlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las acusaciones incluyen presiones a empleados públicos, acarreo de votantes y reparto de listas con los nombres de candidatos afines a Samuel. Aunque los implicados intentan deslindarse, las pruebas siguen acumulándose y el proceso judicial avanza.

Aumenta presión contra maestros

Las escuelas señaladas como parte de esta red son el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, la Preparatoria Militarizada, y también algunas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En todos los casos, se reportan patrones similares: exigencia de entregar credenciales del INE, amenazas de despido, vigilancia interna y asignación de tareas electorales bajo presión.

La situación ha escalado al grado de que los propios maestros han comenzado a presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que ya ha recibido más de 10 casos documentados de este tipo de coacción política.

@indirakempis ‼️🚨Las denuncias están hechas en la Fiscalía de Delitos Electorales. Alcemos la voz por la libertad de nuestros empleados públicos, porque el gobernador no sólo es un corrupto, es un delincuente electoral. #DelincuenteElectoral #JusticiaParaNL #NoMásImpunidad #Elecciones2025 #VotoLibre #Democracia #ElecciónJudicial #JuecesIndependientes #NuevoLeón #SamuelGarcía ♬ sonido original – Indira Kempis

Samuel García tiene 36 denuncias electorales

Durante la jornada electoral del pasado 1 de junio, se agregaron cinco nuevas denuncias por presunta coacción del voto, elevando a 36 los casos vinculados a la llamada “Operación Acordeón”, una estrategia atribuida al gobernador Samuel García y a funcionarios de Movimiento Ciudadano para influir en la elección de jueces federales en Nuevo León.

Los reportes incluyen presiones a empleados estatales, amenazas y entrega de instrucciones impresas para condicionar el sufragio. Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de NL, además de otros reportes que llegaron al INE y a la FISEL, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible manipulación del proceso judicial electoral.

Aulas convertidas en oficinas políticas rumbo a la elección judicial

Los testimonios recabados en distintas escuelas señalan que el personal ha sido instruido por sus superiores para recopilar al menos 10 credenciales de elector por persona. En el Conalep, donde opera una estructura con 17 planteles en el estado, un docente denunció que José Alfonso Rodríguez, representante jurídico de la Dirección General, acudió personalmente a solicitar “apoyo”, exigiendo a los empleados cumplir con la recolección de INEs para respaldar a candidatos vinculados al actual gobierno estatal.

Lo más alarmante, según el relato de varios informantes, es que esta exigencia no viene sola: está acompañada de amenazas veladas, condicionando las horas laborales o la renovación de contratos. Muchos maestros señalan que, debido a que su plaza no es de base, sino de contrato semestral, es más fácil intimidarlos con represalias laborales.

En la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, las denuncias coinciden. Algunos docentes detallaron que fueron obligados a asistir a una conferencia encabezada por Ulises Carlín, Consejero Jurídico del gobernador y aspirante a una posición en el Poder Judicial, a quien identifican como pieza clave en la operación. Los maestros señalaron que, tras el evento, se les pidió entregar una lista con 10 contactos cada uno, bajo el supuesto de formar parte de un “proyecto cívico”.

“Primero nos citaron, luego nos pidieron contactos, luego nos pusieron a hacer llamadas. Entendimos que todo era para un fraude”, señaló uno de los docentes. Incluso se ha creado un “call center” interno en la Torre Administrativa, operado por personal de las escuelas y pagado como si siguieran en sus funciones educativas. “Si no te presentas a trabajar ahí, te despiden”, denunciaron.

La UANL también bajo presión por elección judicial

En el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los métodos son menos agresivos, pero siguen una lógica similar. Según testimonios, se ha buscado involucrar a estudiantes y profesores en esta operación política sin que medie amenaza directa, aunque hay presión institucional desde los directivos.

Los nombres que han surgido en este contexto son Abraham Hernández, director de la Facultad de Ciencias Políticas, y Óscar Vidal, director de la Facultad de Medicina. Ambos han sido señalados por testigos como responsables de difundir esta estrategia entre personal académico y alumnado, vinculando la participación política con beneficios institucionales o presuntos compromisos cívicos.

De forma paralela, también se reportaron denuncias de este tipo en dependencias del Gobierno estatal como Simeprode y la Secretaría de Salud, lo que sugiere que el operativo no se limita al sector educativo, sino que es parte de una estrategia más amplia.

La FEDE ya investiga los hechos

Las denuncias comenzaron a acumularse en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales desde el fin de semana, cuando se hicieron públicos los primeros testimonios en medios de comunicación. Según la información más reciente, al menos diez denuncias formales han sido presentadas ante la autoridad, que ya analiza los elementos para determinar si se trata de un delito electoral.

El operativo ha sido descrito por los propios afectados como una “red de acarreo disfrazada de actividad cívica”, con objetivos claros: movilizar el voto a favor de candidatos a jueces cercanos al gobernador Samuel García, particularmente en el contexto de la próxima elección judicial del 1 de junio.

Algunos de los empleados y maestros que se han atrevido a hablar sostienen que la intención del gobierno es garantizar que los aspirantes afines al oficialismo logren posicionarse en el Poder Judicial, con lo cual se aseguraría una estructura de control institucional más allá del actual sexenio.

En varios planteles, los trabajadores fueron agregados a grupos de mensajería controlados por directivos, donde se les solicita confirmar que han entregado sus 10 contactos, reportar avances y asistir a eventos o capacitaciones con temática electoral. Todo esto, sin opción de negarse.

La situación ha generado temor entre el personal educativo, pero también una creciente indignación. Algunos grupos de maestros ya comenzaron a difundir mensajes para anular el voto en caso de ser forzados a participar, como una forma de resistencia silenciosa ante la presión gubernamental.

Si eres víctima de extorsión, ¡siempre puedes anular tu voto al último momento!