Docentes y personal administrativo de diversas instituciones educativas en Nuevo León han denunciado presiones sistemáticas para participar en un operativo político orquestado desde el Gobierno estatal, presuntamente con el objetivo de influir en la elección judicial. Las acusaciones apuntan directamente a funcionarios vinculados al gobernador Samuel García, a quien señalan como responsable de esta estrategia de movilización electoral disfrazada de “proyecto cívico”.
Las escuelas señaladas como parte de esta red son el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, la Preparatoria Militarizada, y también algunas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En todos los casos, se reportan patrones similares: exigencia de entregar credenciales del INE, amenazas de despido, vigilancia interna y asignación de tareas electorales bajo presión.
La situación ha escalado al grado de que los propios maestros han comenzado a presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que ya ha recibido más de 10 casos documentados de este tipo de coacción política.
@indirakempis ‼️🚨Las denuncias están hechas en la Fiscalía de Delitos Electorales. Alcemos la voz por la libertad de nuestros empleados públicos, porque el gobernador no sólo es un corrupto, es un delincuente electoral. #DelincuenteElectoral #JusticiaParaNL #NoMásImpunidad #Elecciones2025 #VotoLibre #Democracia #ElecciónJudicial #JuecesIndependientes #NuevoLeón #SamuelGarcía ♬ sonido original – Indira Kempis
Aulas convertidas en oficinas políticas rumbo a la elección judicial
Los testimonios recabados en distintas escuelas señalan que el personal ha sido instruido por sus superiores para recopilar al menos 10 credenciales de elector por persona. En el Conalep, donde opera una estructura con 17 planteles en el estado, un docente denunció que José Alfonso Rodríguez, representante jurídico de la Dirección General, acudió personalmente a solicitar “apoyo”, exigiendo a los empleados cumplir con la recolección de INEs para respaldar a candidatos vinculados al actual gobierno estatal.
Lo más alarmante, según el relato de varios informantes, es que esta exigencia no viene sola: está acompañada de amenazas veladas, condicionando las horas laborales o la renovación de contratos. Muchos maestros señalan que, debido a que su plaza no es de base, sino de contrato semestral, es más fácil intimidarlos con represalias laborales.
En la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, las denuncias coinciden. Algunos docentes detallaron que fueron obligados a asistir a una conferencia encabezada por Ulises Carlín, Consejero Jurídico del gobernador y aspirante a una posición en el Poder Judicial, a quien identifican como pieza clave en la operación. Los maestros señalaron que, tras el evento, se les pidió entregar una lista con 10 contactos cada uno, bajo el supuesto de formar parte de un “proyecto cívico”.
“Primero nos citaron, luego nos pidieron contactos, luego nos pusieron a hacer llamadas. Entendimos que todo era para un fraude”, señaló uno de los docentes. Incluso se ha creado un “call center” interno en la Torre Administrativa, operado por personal de las escuelas y pagado como si siguieran en sus funciones educativas. “Si no te presentas a trabajar ahí, te despiden”, denunciaron.
La UANL también bajo presión por elección judicial
En el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los métodos son menos agresivos, pero siguen una lógica similar. Según testimonios, se ha buscado involucrar a estudiantes y profesores en esta operación política sin que medie amenaza directa, aunque hay presión institucional desde los directivos.
Los nombres que han surgido en este contexto son Abraham Hernández, director de la Facultad de Ciencias Políticas, y Óscar Vidal, director de la Facultad de Medicina. Ambos han sido señalados por testigos como responsables de difundir esta estrategia entre personal académico y alumnado, vinculando la participación política con beneficios institucionales o presuntos compromisos cívicos.
De forma paralela, también se reportaron denuncias de este tipo en dependencias del Gobierno estatal como Simeprode y la Secretaría de Salud, lo que sugiere que el operativo no se limita al sector educativo, sino que es parte de una estrategia más amplia.
La FEDE ya investiga los hechos
Las denuncias comenzaron a acumularse en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales desde el fin de semana, cuando se hicieron públicos los primeros testimonios en medios de comunicación. Según la información más reciente, al menos diez denuncias formales han sido presentadas ante la autoridad, que ya analiza los elementos para determinar si se trata de un delito electoral.
El operativo ha sido descrito por los propios afectados como una “red de acarreo disfrazada de actividad cívica”, con objetivos claros: movilizar el voto a favor de candidatos a jueces cercanos al gobernador Samuel García, particularmente en el contexto de la próxima elección judicial del 1 de junio.
Algunos de los empleados y maestros que se han atrevido a hablar sostienen que la intención del gobierno es garantizar que los aspirantes afines al oficialismo logren posicionarse en el Poder Judicial, con lo cual se aseguraría una estructura de control institucional más allá del actual sexenio.
En varios planteles, los trabajadores fueron agregados a grupos de mensajería controlados por directivos, donde se les solicita confirmar que han entregado sus 10 contactos, reportar avances y asistir a eventos o capacitaciones con temática electoral. Todo esto, sin opción de negarse.
La situación ha generado temor entre el personal educativo, pero también una creciente indignación. Algunos grupos de maestros ya comenzaron a difundir mensajes para anular el voto en caso de ser forzados a participar, como una forma de resistencia silenciosa ante la presión gubernamental.
