Matrimar, la empresa Materiales Triturados Martínez ubicada en Cerralvo, acusó directamente al gobierno de Samuel García de ejercer presiones económicas para permitir su operación. El señalamiento incluye presuntas prácticas de extorsión estatal, el uso del Impuesto Verde en Nuevo León como mecanismo de presión y la filtración de un audio que involucra a dirigente de MC en negociación irregular. El caso ha escalado a tribunales y coloca nuevamente a la administración emecista bajo cuestionamiento.
Denuncia Por Extorsión Estatal A Matrimar
La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), ubicada en el municipio de Cerralvo, acusó formalmente a la administración estatal de exigir un pago cercano a los 50 millones de pesos para permitirle continuar con sus operaciones.
Como respaldo de su versión, integrantes del consejo directivo filtraron un audio fechado el 27 de noviembre del año pasado. En la grabación se escucha a Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, fungir como intermediario en una llamada con un directivo de la empresa.
En el material se hace referencia a auditorías abiertas, inspecciones pendientes y a la necesidad de realizar un “pago fuerte” para destrabar la situación. La conversación ocurre tres días después de que la pedrera fuera suspendida por autoridades estatales.
La denuncia por extorsión estatal a pedreras en Nuevo León no surge en el vacío. Desde 2025 varias empresas del sector mantienen disputas legales con el Estado por la aplicación del llamado Impuesto Verde, el cual ha sido cuestionado por su diseño y ejecución.
Impuesto Verde En Nuevo León Bajo Señalamientos
El llamado Impuesto Verde en Nuevo León fue presentado como una medida ambiental para regular la actividad extractiva. Sin embargo, empresarios del ramo han denunciado que su aplicación ha derivado en inspecciones constantes, clausuras reiteradas y auditorías simultáneas.
En el caso de Matrimar, la empresa sostiene que dependencias como Medio Ambiente, Tesorería y Protección Civil realizaron visitas continuas que culminaron en la suspensión de actividades. La compañía promovió amparos ante lo que consideró actos arbitrarios.
El 10 de febrero, un juez federal concedió un amparo contra medidas impuestas en noviembre. No obstante, horas después de esa resolución, Protección Civil acudió de madrugada para ejecutar una nueva clausura.
La empresa aseguró posteriormente haber ganado un segundo amparo. En un comunicado, afirmó que la resolución judicial confirma un patrón de actuaciones carentes de sustento legal, vinculadas a su negativa de ceder ante presuntos intentos de presión económica.
Audio Que Vincula A MC Con Negociación Irregular
Uno de los elementos más delicados del caso es el audio que vincula a MC con negociación irregular, donde se escucha al dirigente estatal del partido hablar sobre la posibilidad de “alinearse” mediante un pago en parcialidades.
En la conversación se menciona al director de Fiscalización de la SAT estatal y al titular de Medio Ambiente. También se hace referencia a la necesidad de acercarse al Secretario General de Gobierno para facilitar el acuerdo.
El interlocutor plantea que la empresa estaría “arrinconada” por ser la única que no habría accedido a realizar un pago significativo. Además, se sugiere que el monto podría liquidarse por semana o por mes, siempre y cuando existiera disposición.
Aunque no se menciona una cifra exacta en la grabación, la empresa ha señalado públicamente que la exigencia rondaría los 50 millones de pesos.
El audio que vincula a MC con negociación irregular ha generado cuestionamientos sobre la separación entre partido y gobierno. Movimiento Ciudadano es la fuerza política que encabeza la administración estatal, lo que profundiza la percepción de conflicto de interés.
Denuncia Por Extorsión Estatal A Matrimar En Nuevo León Escala En Tribunales
La denuncia por extorsión estatal a pedreras en Nuevo León ya tiene efectos en el ámbito judicial. Los amparos obtenidos por la empresa representan un revés para las medidas implementadas por autoridades estatales.
Especialistas en derecho administrativo consultados de manera general han señalado que la reiteración de clausuras tras resoluciones judiciales podría configurar desacato si no existe una causa distinta y plenamente justificada.
Por otra parte, el uso del Impuesto Verde en Nuevo León como herramienta de presión ha sido cuestionado por sectores empresariales que consideran que la política ambiental no debe convertirse en instrumento de negociación.
La empresa afectada sostuvo que las acciones en su contra reflejan un modus operandi orientado más a la obtención de recursos que a la protección del medio ambiente.
Implicaciones Políticas Para El Gobierno De Samuel García
El caso tiene implicaciones políticas relevantes. La filtración del audio ocurre en un contexto donde el gobierno de Samuel García enfrenta críticas por presuntas irregularidades en otras áreas.
La participación de un dirigente partidista como intermediario en una conversación sobre pagos para permitir operaciones empresariales genera dudas sobre la transparencia institucional.
Además, el señalamiento de que la empresa fue objeto de múltiples inspecciones tras negarse a realizar un pago fortalece la narrativa de acoso.
La denuncia por extorsión estatal a pedreras en Nuevo León no sólo impacta a una compañía. También envía un mensaje a otros actores económicos que podrían sentirse vulnerables ante decisiones discrecionales.
El gobierno estatal no ha presentado, hasta el momento, una explicación pública detallada sobre el contenido del audio ni sobre los criterios técnicos que motivaron las clausuras posteriores a los amparos.
En un entorno donde la confianza empresarial resulta clave para la inversión, episodios como este alimentan la percepción de incertidumbre jurídica.
Impuesto Verde En Nuevo León En El Centro Del Debate Público
El Impuesto Verde en Nuevo León vuelve así al centro del debate público. Lo que fue anunciado como una medida ambiental enfrenta ahora cuestionamientos sobre su aplicación práctica.
Si bien la regulación ambiental es una atribución legítima del Estado, su ejecución debe estar sustentada en criterios técnicos claros y en procedimientos transparentes.
Cuando las decisiones administrativas coinciden con presuntas negociaciones informales, la credibilidad institucional se erosiona.
El caso de Matrimar exhibe tensiones entre política fiscal, regulación ambiental y presunta intervención partidista. En consecuencia, la discusión ya no se limita a un conflicto empresarial.
La denuncia por extorsión estatal a pedreras en Nuevo León plantea interrogantes de fondo sobre la relación entre poder político y actividad económica en la entidad.
Mientras los tribunales continúan revisando los actos administrativos impugnados, el impacto reputacional para el gobierno estatal permanece abierto.
En un estado que busca proyectarse como destino de inversión y desarrollo industrial, los señalamientos de presión económica bajo la sombra de un audio comprometen el discurso oficial.
La exigencia de transparencia y rendición de cuentas se intensifica. Y el caso, lejos de cerrarse, apenas comienza a desplegar sus consecuencias políticas y legales.
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