Un Juez de Control emite una orden para retirar sellos a Matrimar tras tres meses de suspensión de labores en Nuevo León. La Fiscalía Anticorrupción ejecutó la diligencia para restablecer los derechos de la empresa pedrera en el municipio de Cerralvo. Esta resolución judicial permite que la compañía reanude operaciones después de denunciar presuntos actos de extorsión por parte del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción Ordena Retirar Sellos En Matrimar
La reanudación de actividades en la planta de Cerralvo ocurrió este miércoles de manera formal. Cerca de las 12:30 horas, el personal de la Fiscalía Anticorrupción arribó a las instalaciones para dar cumplimiento al mandato judicial. Los agentes retiraron las lonas y los sellos que mantenían bloqueados los accesos principales desde hace noventa días.
Esta acción legal responde directamente a una denuncia interpuesta por la compañía el pasado 21 de febrero. En dicho recurso, la empresa acusó a la Tesorería estatal de intentar realizar un cobro ilegal bajo coacción. Por lo tanto, el Juez de Control analizó las evidencias y determinó que era necesario devolver la operatividad a la firma regiomontana.
El retiro de la suspensión tomó aproximadamente una hora para completarse totalmente en el sitio. Durante este tiempo, los peritos y agentes ministeriales documentaron el estado de las instalaciones antes de permitir el ingreso del personal. Una vez retirados los distintivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, los trabajadores volvieron a sus puestos de mando.
Impacto Económico Y Regreso De Los Trabajadores
La empresa Matrimar reporta una plantilla laboral de 500 personas que se encontraban en la incertidumbre. El cierre prolongado afectó la estabilidad económica de cientos de familias que dependen directamente de la extracción de materiales. Con la apertura, los empleados retomaron sus labores de forma inmediata para intentar recuperar el tiempo perdido durante la pausa forzada.
Minutos después de que la Fiscalía concluyera la diligencia, el movimiento comercial regresó con gran intensidad a la zona. Una fila kilométrica de camiones de carga comenzó a formarse en el camino que conduce a la pedrera. Decenas de transportistas esperaban la oportunidad de cargar material para diversas obras de construcción en el área metropolitana de Monterrey.
La planta se localiza a unos 20 minutos de la cabecera municipal de Cerralvo, siendo un motor económico clave. La reactivación de la maquinaria pesada y el flujo de camiones devolvió el dinamismo a esta región del noreste. Sin embargo, los directivos de la empresa señalan que las pérdidas acumuladas por los tres meses de inactividad son considerables para sus finanzas.
Origen Del Conflicto Con El Gobierno Estatal
La pugna entre la administración de Samuel García y la pedrera inició oficialmente en noviembre del año pasado. En aquel momento, la Secretaría de Medio Ambiente, dirigida por Raúl Lozano, decretó la suspensión bajo el argumento de incumplimiento normativo. El Estado sostenía que la empresa violaba diversas reglas ambientales y de protección civil necesarias para su funcionamiento legal.
Desde el primer día, la compañía alegó que la sanción carecía de sustento técnico y era meramente una medida recaudatoria. La situación escaló a un nivel político el 12 de febrero, cuando los dueños de Matrimar denunciaron públicamente ser víctimas de extorsión. Según su versión, funcionarios cercanos al Ejecutivo estatal exigían sumas millonarias a cambio de permitirles operar con normalidad.
Posteriormente, la tensión subió de tono el 19 de febrero tras la filtración de un audio comprometedor en redes sociales. En la grabación se escucha presuntamente a Baltazar Martínez, diputado local de MC, negociando con un representante de la firma. El legislador planteaba la necesidad de “alinearse” mediante un “pago fuerte” dividido en varias parcialidades mensuales para resolver el problema administrativo.
Resolución Del Juez Para Restablecer Derechos Legales
El Juez de Control que revisó el expediente resolvió que la clausura no podía sostenerse bajo las condiciones actuales. Al existir una denuncia por extorsión en proceso, la justicia determinó proteger los derechos de la empresa frente a posibles abusos. El fallo judicial deja sin efecto las medidas precautorias interpuestas por las dependencias estatales de Medio Ambiente y Protección Civil.
Esta resolución marca un precedente importante en la relación entre el sector industrial y las autoridades ambientales de Nuevo León. La pedrera sostiene que siempre ha cumplido con los estándares legales, pero que fue blanco de una persecución política. Por su parte, el Estado no ha emitido un posicionamiento oficial inmediato tras el retiro de las lonas de clausura.
El caso continúa bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción para deslindar responsabilidades sobre las acusaciones de soborno. Mientras tanto, la actividad industrial en Cerralvo ha vuelto a su ritmo habitual con el respaldo de la autoridad judicial. La empresa planea mantener sus operaciones bajo el amparo de la ley para evitar que nuevos bloqueos detengan su producción de materiales pétreos.
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