El dinero destinado a las familias más vulnerables terminó en uentas privadas mediante compras infladas de comida. La fiscalización 2025 Nuevo León reveló contratos multimillonarios pagados por el DIF Nuevo León a una sola compañía. Este presunto robo de dinero en el DIF de Nuevo León involucra directamente a Mariana Rodríguez Cantú por pagos de chayotes en 300 pesos.
El golpe a la asistencia social por chayotes en 300 pesos
Las familias que dependen de los apoyos alimentarios sufrieron una merma grave en la calidad de los programas sociales. El presupuesto público perdió millones de pesos al pagar tarifas desorbitadas por verduras básicas de la canasta familiar. Cada peso desviado significó menos despensas entregadas en las colonias que más necesitan el respaldo institucional.
Los ciudadanos cuestionan por qué costó 300 pesos el chayote en el DIF cuando en cualquier tienda vale 18 pesos. Esta diferencia brutal demuestra que los recursos públicos se administraron sin cuidar el bolsillo de los contribuyentes. La indignación social crece al conocer que los alimentos esenciales sirvieron como fachada para extraer fondos estatales.
El proveedor seleccionado para surtir los comedores y programas sociales cobró diez veces más que a sus clientes habituales. Mientras a particulares les vendía el producto en 30 pesos, al erario le aplicó tarifas completamente fuera de mercado. Esta disparidad financiera confirma un esquema diseñado para inflar facturas y obtener ganancias ilícitas.
La revisión contable expuso que el escándalo abarca varios productos cotidianos de la cocina mexicana facturados con tarifas abusivas:
Aguacate. Se registró un cobro facturado de 250 pesos por kilo.
Chayote. Se facturó a 300 pesos por kilo, frente a un precio de referencia al mayoreo de aproximadamente 18 pesos.
Tomate y cebolla. También se reportaron precios elevados en otros productos básicos, con registros de 200 pesos para el tomate y 180 pesos para la cebolla por kilogramo.
El rastro hacia las cuentas familiares
La ruta del dinero público siguió un camino sumamente rápido después de que la tesorería liquidó las facturas millonarias. Apenas ocho días después de recibir los pagos estatales, la empresa proveedora transfirió una parte importante de ese capital. Los depósitos llegaron directamente a cuentas bancarias registradas a nombre de familiares de Mariana Rodríguez Cantú.
Los auditores documentaron cómo los 1,953 millones de pesos pagados durante todo el año alimentaron esta red financiera. La triangulación bancaria confirma las sospechas sobre un posible robo de dinero en el DIF de Nuevo León. Los movimientos electrónicos quedaron registrados como pruebas clave dentro del expediente abierto por las autoridades.

La comparecencia de la fiscalización 2025 Nuevo León
El titular de la auditoría estatal, Alejandro Reynoso Gil, acudió ante los diputados locales para detallar estos hallazgos. Durante la sesión oficial, el funcionario explicó los mecanismos contables utilizados para detectar las compras con sobrecosto. Los legisladores analizaron los documentos que comprueban el daño patrimonial cometido contra las finanzas públicas del estado.
La fiscalización 2025 Nuevo León dejó al descubierto la falta de controles internos dentro de la dependencia asistencial. Ningún filtro administrativo detuvo el pago de facturas que superaban por mucho los precios reales de los centros de abasto. El informe técnico ahora sirve como base legal para fincar responsabilidades administrativas y penales.

El futuro legal tras pagar chayotes en 300 pesos debe de ser declarado a la ley
La investigación formal avanza para determinar el grado de participación de quienes autorizaron estas compras irregulares. Mariana Rodríguez Cantú enfrenta señalamientos directos como responsable operativa del DIF Nuevo León y su oficina Amar a Nuevo León. Los sectores del Congreso exigen que se aplique todo el peso de la ley contra los implicados.
Las autoridades financieras continúan rastreando el destino final de los recursos que salieron de las arcas estatales. El caso de los chayotes en 300 pesos marca un precedente crítico sobre la vigilancia del gasto social. La sociedad espera que el proceso judicial recupere el patrimonio perdido y sancione a los culpables.
El desenlace de este expediente definirá los estándares de transparencia para las futuras administraciones en la entidad. Los ciudadanos demandan garantías reales de que los programas de asistencia no volverán a utilizarse para enriquecimiento privado. La presión pública mantiene este tema en el centro del debate político y legal.












