La cuenta pública 2024 de Nuevo León dejó al descubierto anomalías por más de 2 mil 500 millones de pesos. El informe de la Auditoría Superior de la Federación exhibe montos sin aclarar en el Gobierno estatal, la UANL y otros entes públicos. Las cifras abren cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la transparencia.
Samuel Encabeza Observaciones Por Desviaciones Millonarias
El Gobierno de Nuevo León concentra la mayor parte del dinero observado. Solo en participaciones federales, la Auditoría Federal (ASF) detectó pendientes por aclarar por 1,987 millones de pesos.
Además, casi 394 millones podrían representar un probable daño a la hacienda pública. La cifra no es menor. Se trata de recursos públicos cuyo destino no quedó plenamente acreditado.
Las observaciones derivaron en solicitudes de aclaración, promociones de responsabilidad administrativa y pliegos formales. El tamaño del monto coloca al Ejecutivo estatal como el principal foco de atención en la fiscalización.
Congreso Y Señalamientos Por Irregularidades
El Congreso de Nuevo León también aparece en el informe. La ASF detectó un monto por aclarar de alrededor de cuatro millones y medio de pesos.
Entre las observaciones destaca el caso de un tesorero que no presentó carta de no antecedentes penales. Este hecho derivó en el cuestionamiento de un pago por 2.6 millones de pesos.
Asimismo, se señalaron posibles relaciones de parentesco en áreas legislativas. Aunque el monto es menor en comparación con otros entes, el señalamiento alimenta la percepción de desorden administrativo.
Fondo De Seguridad También Con Observaciones
Ni siquiera los recursos destinados a seguridad pública quedaron exentos. En el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, la ASF detectó más de nueve millones de pesos por aclarar.
El señalamiento por parte de la cuenta pública deriva de la compra de uniformes, bastones y fornituras. Al momento de la auditoría, no se acreditó plenamente que los bienes correspondieran con lo contratado ni que estuvieran en operación.
Si no se comprueba su correcta aplicación, los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. La falta de claridad en un rubro tan sensible como la seguridad incrementa la preocupación pública.
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