En medio de cuestionamientos sobre la transparencia de los contratos gubernamentales, un reciente escándalo ha puesto a prueba la credibilidad de la administración del Gobernador de Nuevo León, Samuel García. La empresa Ego Móvil, sin antecedentes de actividad comercial durante 19 años, fue favorecida con un contrato de 3 mil 307 millones de pesos en mayo de 2023 para el arrendamiento de 600 autobuses chinos, un hecho que ha levantado sospechas y críticas sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
Una empresa sin historial operativo
Ego Móvil, creada el 6 de mayo de 2004 en Querétaro, permaneció inactiva durante casi dos décadas, según registros de la plataforma SIGER del Registro Público de Comercio. No registró clientes ni movimientos comerciales significativos hasta que, en marzo de 2023, días antes del lanzamiento de la licitación pública, sus accionistas modificaron el objeto social de la empresa para incluir actividades relacionadas con la importación de equipos de transporte y movilidad.
Previo a este cambio, Ego Móvil se dedicaba a la comercialización de productos electrónicos y consultoría en cómputo. La transformación de su giro ocurrió apenas una semana antes de que se publicara la convocatoria para el contrato de arrendamiento. Esta coincidencia temporal ha generado sospechas de que la empresa fue “reactivada” con el propósito de participar en la licitación.
De acuerdo con el padrón de proveedores estatal, el domicilio fiscal registrado de Ego Móvil corresponde a una casa en un sector residencial de Querétaro. Sin embargo, en los documentos del contrato aparece una dirección diferente, ubicada en una bodega en García, Nuevo León, donde no hay señal de actividad comercial visible.
Entregas incompletas y pagos millonarios
Aunque la empresa ganó la licitación comprometiéndose a entregar las 600 unidades antes del 31 de octubre de 2023, los resultados hasta ahora han sido decepcionantes. Según el informe de la Cuenta Pública 2023 de la Auditoría Superior del Estado, al 31 de octubre solo se habían entregado 199 camiones, y para diciembre el total ascendía a 328, lo que representa apenas el 55 % de lo estipulado en el contrato.
A pesar de las entregas incompletas, Ego Móvil ya ha facturado 1,312 millones de pesos al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), su principal cliente. A esto se suman facturas por 700 millones más emitidas a la institución financiera Bansi, involucrada en la adquisición de los autobuses.
Cabe destacar que los primeros ingresos reportados por Ego Móvil, tras casi dos décadas de inactividad, corresponden directamente al contrato con el gobierno de Nuevo León. En septiembre de 2023, la empresa declaró ingresos por 570.3 millones de pesos, seguidos de 220.9 millones en octubre y 240.7 millones en diciembre.
Cuestionamientos sobre la licitación
El proceso de adjudicación del contrato tampoco ha estado exento de controversias. Aunque hubo 14 interesados en participar en la licitación para el arrendamiento “full service” de los autobuses, solo tres empresas presentaron propuestas. De estas, únicamente Ego Móvil pasó la etapa técnica.
Una de las empresas competidoras, Volvo Group México, solicitó una extensión de un mes para la entrega de una partida, pero su petición fue rechazada, lo que le impidió presentar una propuesta formal. Finalmente, Ego Móvil ganó la licitación en conjunto con Poliuretanos y Plásticos Reforzados, una empresa con un historial igualmente cuestionable.
Poliuretanos y Plásticos Reforzados, creada en 2006 en la Ciudad de México, está dirigida por José Luis Salas Sánchez, quien fue integrado como accionista de Ego Móvil en 2023. Salas Sánchez está relacionado con diversas empresas de giros variados, incluyendo inmobiliarias, consultorías y servicios ambientales, pero no cuenta con experiencia previa en transporte.
El representante legal de Ego Móvil, Édgar Eduardo Rosales, también está vinculado a otras compañías, principalmente en el ámbito inmobiliario, lo que refuerza las dudas sobre la capacidad técnica y operativa de la empresa para cumplir con un contrato de tal magnitud.
Contexto de irregularidades en la administración
El caso de Ego Móvil no es un hecho aislado en la gestión de Samuel García. En julio de 2023, el DIF Nuevo León fue señalado por realizar 14 transferencias por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, otra empresa cuestionada por sus vínculos con el despacho de abogados del gobernador.
Este patrón de contratos millonarios otorgados a empresas con antecedentes irregulares ha generado críticas sobre la transparencia y rendición de cuentas en la administración estatal. Aunque García ha defendido su gestión como incorruptible, los casos de Ego Móvil y Don Cacahuato han sembrado dudas entre la ciudadanía y los organismos de supervisión.
Con un contrato que incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones, inspecciones mensuales y trámites operativos hasta octubre de 2027, la relación entre el gobierno y Ego Móvil parece estar lejos de finalizar. Sin embargo, las entregas incompletas y el historial cuestionable de la empresa podrían derivar en una investigación más profunda por parte de las autoridades.
