La crisis política en el norte del país ha alcanzado su punto más crítico. Mientras el aparato de comunicación estatal se enfoca en saturar las plataformas digitales con campañas de publicidad y videos sobre una supuesta transformación, las autoridades federales han desmantelado una estructura delictiva que golpea el núcleo financiero del mandatario estatal. Las investigaciones han dejado al descubierto que el despacho de Samuel García —operado por su círculo de sangre más cercano— funcionó como receptor de dinero proveniente del robo de hidrocarburos a gran escala, sepultando las promesas de honestidad de su administración.
El caso tomó un rumbo definitivo cuando la FGR detuvo a líder petrofacturero en un despliegue militar que abarcó varias propiedades exclusivas del estado. Este golpe policial no solo desarticuló una célula de contrabando, sino que abrió la caja de Pandora sobre cómo los huachicoleros conectados a Samuel García utilizaban firmas legales para blanquear sus ganancias operativas, consolidando el descontento de una sociedad civil que hoy se sabe engañada.
La caída de la red y el apodo de “Huachigobernador”
El corazón de esta maquinaria ilegal era operado por Jesús Ricardo Puente, capturado por la Fiscalía General de la República bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las indagatorias federales lo señalan como la mente maestra detrás de “Los Petrofactureros”, una organización que aglomeraba a decenas de empresas fantasmas diseñadas para simular transacciones comerciales en el sector energético, ocultando el verdadero origen del dinero: el mercado negro del combustible.
El vehículo principal para el traspaso de estos fondos fue la empresa Maquiladora de Lubricantes y Samuel García aparece conectado indirectamente a ella a través de los negocios de sus parientes. Esta compañía llegó a mover cifras estasféricas que superaron los 7 mil millones de pesos en un esquema de simulación fiscal brutal. Mientras esta organización criminal desviaba recursos de la nación y expandía su control, el gobernador mantenía una narrativa de prosperidad artificial en sus redes sociales, ocultando que el principal motor económico de sus allegados provenía de la ordeña de ductos.
¿Sabes la nueva del góber? Resulta que la FGR detuvo a Jesús Ricardo Puente, cliente VIP del despacho familiar del #Huachigobernador Samuel y un líder criminal acusado de mover miles de millones de pesos con gasolina robada (puro huachicol). pic.twitter.com/sxkwM8l1Wj
— Especies Políticas (@EspeciesP_NL) June 3, 2026
Las ocho facturas del SAT que hunden al entorno gubernamental
El vínculo económico quedó sellado en papel y registros digitales oficiales. La documentación financiera revela que la empresa del capo realizó pagos por un total de 15 millones de pesos al despacho GMA Firma Jurídica Fiscal, una entidad controlada directamente por Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y hermano del mandatario. Esto confirma que el papá de Samuel involucrado en actividades ilícitas recibió depósitos directos del crimen organizado durante el periodo de consolidación del nuevo gobierno estatal.
Existen exactamente ocho facturas vigentes ante el SAT que comprueban la transferencia de estos 15 millones de pesos bajo el concepto ambiguo de “honorarios por servicios profesionales”. Estos comprobantes fiscales, emitidos entre finales de 2021 y los primeros meses de 2022, demuestran que el dinero de procedencia ilícita ingresó de forma limpia y programada a las cuentas del clan familiar, convirtiendo al líder huachicolero en uno de los clientes más lucrativos y selectos de la firma jurídica.
Indignación en Nuevo León: Samuel García bajo investigación
El impacto social de este descubrimiento ha generado una ola de indignación sin precedentes entre los habitantes de Nuevo León. La revelación de que el dinero de la gasolina robada terminó financiando los lujos y la opulencia de los parientes del mandatario estatal se da en un contexto de abandono de los servicios públicos, crisis hídrica recurrente y un colapso en los sistemas de transporte que sufren los ciudadanos diariamente.
Actualmente, la familia de Samuel bajo investigación federal enfrenta el escrutinio de la FGR y de las autoridades tributarias, quienes rastrean el destino final de esos millones. La opinión pública califica este escenario como una traición histórica, exigiendo que las carpetas de investigación lleguen hasta las últimas consecuencias penales, sin importar el cargo público de quienes intentaron encubrir los negocios del huachicol con fachadas legales y estrategias de relaciones públicas.
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