- Medio Millón A La Semana En Meta
- Legalidad Cuestionada Por Expertos En Comunicación Política
- Samuel García Gasta 33 millones En Publicidad En Redes… En 5 Años
Desde 2020, Samuel García gasta 33 millones de pesos en promover su imagen a través de Meta, las plataformas que integran Facebook e Instagram. Aunque el gobernador insiste en que lo hace con dinero propio, las cifras han despertado dudas sobre el origen de los recursos y el verdadero propósito de su publicidad en redes.
Medio Millón A La Semana En Meta
Durante los últimos años, Meta ha registrado un gasto acumulado superior a 50 millones de pesos en anuncios vinculados a Samuel García. De ese total, más de 33 millones fueron pagados por el propio mandatario, según los reportes oficiales de la plataforma.
Tan solo en una semana, Samuel García gasta 33 millones de pesos para mantener su presencia constante en Facebook e Instagram, reforzando su promoción personal en momentos de crisis política.
Los anuncios recientes muestran al gobernador acompañado de su hija y su esposa, en imágenes familiares y con mensajes que buscan proyectarlo como un líder cercano y sensible. En uno de ellos, Meta detalla que el costo por la campaña osciló entre 175 mil y 200 mil pesos en Instagram, mientras que una versión adaptada para Facebook costó entre 50 mil y 60 mil pesos.
Esta estrategia de publicidad en redes no es nueva. Desde su etapa como candidato, el mandatario ha invertido grandes cantidades de dinero en promoción personal, sin rendir cuentas claras sobre las fuentes de financiamiento ni sobre los beneficios obtenidos para la ciudadanía.
Empresas De Samuel García Y Promoción Personal
El propio gobernador ha declarado que los recursos destinados a Meta provienen de sus ingresos personales y de sus empresas. Sin embargo, varios de sus negocios han sido señalados por presuntas operaciones irregulares y triangulación de recursos.
Estas empresas de Samuel García, según registros públicos, continúan activas y participan en contratos con el gobierno estatal, lo que alimenta sospechas sobre un posible conflicto de interés.
Mientras tanto, el gasto en publicidad en redes sigue creciendo. Samuel García gasta 33 millones sin presentar un informe financiero que justifique la magnitud de la inversión. La promoción personal del gobernador, amparada bajo la idea de “pago con dinero propio”, plantea interrogantes legales y éticos sobre el uso de su posición pública para fines propagandísticos.
Especialistas en comunicación política advierten que la promoción personal de un servidor público, incluso si proviene de recursos privados, puede considerarse una violación a las normas de equidad y transparencia. Promocionarse como figura política mientras se ejerce un cargo público podría configurar una ventaja indebida frente a otros actores políticos.
Meta Y El Gasto Creciente En Publicidad En Redes
Las cifras de Meta revelan un incremento constante en el gasto de Samuel García durante los últimos cinco años. Desde 2020, la suma destinada a publicidad en redes ha crecido al ritmo de su exposición mediática.
De los 50 millones registrados, más de 9 millones corresponden a aportaciones del gobierno de Nuevo León y alrededor de 1.6 millones fueron pagados por Movimiento Ciudadano, partido que lo impulsó al poder.
En contraste, otros políticos del mismo partido, como Jorge Álvarez Máynez y Pablo Lemus, también destacan en el listado de Meta, pero ninguno alcanza el nivel de gasto del gobernador de Nuevo León.
Esta tendencia confirma que Samuel García gasta 33 millones con un objetivo más de autopromoción que de información pública. El uso de Facebook e Instagram como plataformas principales demuestra la intención de posicionar una imagen positiva antes que comunicar resultados de gobierno.
A pesar de la insistencia en que se trata de recursos privados, la magnitud de las campañas ha despertado críticas entre analistas y ciudadanos. Muchos cuestionan si el dinero proviene realmente de sus ingresos personales o de operaciones vinculadas a sus empresas.
Legalidad Cuestionada Por Expertos En Comunicación Política
Académicos y especialistas en transparencia han señalado que el gasto de Samuel García en Meta podría contravenir la legislación electoral y administrativa.
El investigador Gustavo López Montiel, del Tecnológico de Monterrey, considera que incluso si el dinero no proviene directamente del erario, el hecho de que un gobernador pague millones por publicidad en redes constituye una forma de promoción personal prohibida por la ley.
De acuerdo con el especialista, cuando un servidor público destina recursos privados a fortalecer su imagen política, está incurriendo en un beneficio propio con implicaciones públicas. Esta práctica, señaló, representa un “regalo” a sí mismo, ya que busca generar reconocimiento social utilizando el cargo como respaldo.
Pese a estas observaciones, la administración estatal ha reiterado que Samuel García gasta 33 millones de su bolsa, negando cualquier uso de fondos públicos. La titular de Comunicación Social afirmó que el gobernador no cobra salario y que los gastos publicitarios se cubren con recursos de sus empresas, lo cual no ha sido comprobado con documentación oficial.
Samuel García Gasta 33 millones En Publicidad En Redes… En 5 Años
Mientras se invierten millones en publicidad en redes, Nuevo León enfrenta problemas estructurales como fallas en la Línea 4 del Metro, déficit en transporte público, falta de seguridad y anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
El contraste entre la promoción personal del gobernador y la realidad del estado genera molestia ciudadana y cuestiona las verdaderas prioridades de su gestión.
El gasto de Samuel García gasta 33 millones en Meta se suma a una serie de decisiones polémicas que privilegian la imagen sobre la gestión. En lugar de invertir en infraestructura o programas sociales, se destinan recursos —propios o no— a construir una narrativa digital de eficiencia y empatía.
La transparencia sobre el origen del dinero sigue pendiente. Si las empresas de Samuel García son las que financian la publicidad, el tema adquiere dimensiones más graves, ya que implicaría el uso de recursos privados con intereses cruzados.
El caso deja una pregunta abierta: ¿cuánto vale la imagen de un gobernador y hasta dónde puede llegar el límite de la promoción personal cuando la ciudadanía enfrenta carencias básicas?
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