La figura de Sandra Pámanes volvió al centro del debate público tras una denuncia presentada en el Congreso local por presuntamente promover el no pago del impuesto predial en Monterrey. El caso generó un choque político que involucra a Movimiento Ciudadano, la legalidad del cobro y la responsabilidad de los legisladores al emitir mensajes públicos. La controversia también abrió la discusión sobre la desinformación fiscal y sus efectos en la ciudadanía.
Sandra Pámanes Enfrenta Denuncia Por Llamar A No Pagar Predial
La figura de Sandra Pámanes volvió al centro del debate público tras una denuncia presentada en el Congreso local por presuntamente promover el no pago del impuesto predial en Monterrey. El caso generó un choque político que involucra a Movimiento Ciudadano, la legalidad del cobro y la responsabilidad de los legisladores al emitir mensajes públicos. La controversia también abrió la discusión sobre la desinformación fiscal y sus efectos en la ciudadanía.
Denuncia Formal Por Promover Incumplimiento Fiscal
La denuncia fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y turnada a la Contraloría Interna del Congreso. El señalamiento sostiene que Sandra Pámanes, en su calidad de coordinadora legislativa de Movimiento Ciudadano, incurrió en conductas contrarias a las obligaciones legales al llamar públicamente a no pagar el predial en Monterrey.
De acuerdo con el escrito, la legisladora habría incitado a la ciudadanía a incumplir la ley. Además, se le atribuye la difusión de información considerada falsa al afirmar que la actualización del impuesto predial es ilegal. A esto se suma la promoción de formatos de amparo para que los contribuyentes se inconformen con el cobro.
El argumento central de la denuncia es que este tipo de mensajes no solo confunden a la población, sino que también erosionan la certeza jurídica. En ese contexto, se plantea que una figura pública no puede llamar a desobedecer una obligación fiscal que se encuentra vigente.
El Origen Legal Del Cobro Del Predial
Quienes presentaron la denuncia señalaron que la actualización del impuesto predial no surgió de manera improvisada. Explicaron que el ajuste fue resultado de estudios técnicos realizados durante 2024 por especialistas en materia inmobiliaria. Dichos estudios fueron analizados y aprobados por el Cabildo de Monterrey en noviembre de ese año.
Posteriormente, el Congreso del Estado avaló la actualización, incluidos votos de diputados de Movimiento Ciudadano. El decreto correspondiente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2025, lo que, según el marco legal, le dio plena validez al cobro actual del predial.
También se aclaró que, conforme a la Ley del Catastro, la actualización del predial no está limitada a un ejercicio fiscal específico. En ese sentido, entra en vigor al día siguiente de su publicación oficial, sin que pueda considerarse retroactiva, como se ha sugerido en algunos mensajes públicos.
Cuestionamientos Contra Movimiento Ciudadano
El caso deja abierta una discusión más amplia. El impacto que tiene que legisladores llamen a no cumplir con obligaciones fiscales ya vigentes. En medio de ese cruce, Sandra Pámanes y Movimiento Ciudadano enfrentan cuestionamientos sobre el alcance de sus mensajes y su responsabilidad institucional.
La denuncia fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y turnada a la Contraloría Interna del Congreso. El señalamiento sostiene que Sandra Pámanes, en su calidad de coordinadora legislativa de Movimiento Ciudadano, incurrió en conductas contrarias a las obligaciones legales al llamar públicamente a no pagar el predial en Monterrey.
Llamó A La Desobediencia
De acuerdo con el escrito, la legisladora habría incitado a la ciudadanía a incumplir la ley. Además, se le atribuye la difusión de información considerada falsa al afirmar que la actualización del impuesto predial es ilegal. A esto se suma la promoción de formatos de amparo para que los contribuyentes se inconformen con el cobro.
El argumento central de la denuncia es que este tipo de mensajes no solo confunden a la población, sino que también erosionan la certeza jurídica. En ese contexto, se plantea que una figura pública no puede llamar a desobedecer una obligación fiscal que se encuentra vigente.
Array
