La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cerró una investigación por desvíos millonarios que señalaba vínculos entre el gobernador Samuel García y operaciones financieras por más de mil millones de pesos. El caso, considerado clave por involucrar posibles triangulaciones de dinero desde proveedores del Estado hacia empresas familiares del mandatario, fue archivado sin que se analizaran elementos fundamentales, como casi 100 estados de cuenta bancarios.
El hecho ha provocado preocupación entre ciudadanos y sectores que exigen transparencia, al considerar que la Fiscalía actuó con opacidad y sin agotar las líneas de investigación disponibles. A pesar de que había documentación que mostraba depósitos inusuales desde que Samuel García asumió el cargo, el Ministerio Público determinó no proceder, dejando en el aire preguntas sobre el origen y el destino de los fondos.
Con carpetazos ordenados por Fiscalía a casos contra Samuel García, "perdonan" caso de depósitos a despacho de Gobernador por $1,069 millones.#Entératehttps://t.co/uoeienobDO
— elnortelocal (@elnortelocal) July 30, 2025
Señalan desvíos millonarios en operaciones no aclaradas
Según información recabada por medios locales y fuentes cercanas al caso, la carpeta de investigación fue abierta tras un reportaje que revelaba que la empresa Suministro MYR, contratista habitual del Gobierno estatal, había transferido más de 200 millones de pesos al despacho jurídico familiar del gobernador, Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA).
La situación despertó alertas porque esta firma está liderada por el propio mandatario y su padre, el abogado Samuel García Mascorro, quienes también figuran como socios en otras empresas del mismo entorno.
Las investigaciones revelaron que esos recursos no se quedaron en el despacho, sino que se canalizaron a Saga Tierras y Bienes Inmuebles, una compañía inmobiliaria también vinculada a la familia. Esta empresa habría recibido depósitos acumulados por más de mil 68 millones de pesos, algunos provenientes directamente de la firma jurídica.
Los datos estaban respaldados por al menos 91 estados de cuenta bancarios, de los cuales existían copias que confirmaban los movimientos. Sin embargo, la Fiscalía no los revisó antes de concluir que no existían elementos para continuar con la investigación.
Depósitos crecieron con llegada al poder
Los registros bancarios mostraban una diferencia abismal en el volumen de recursos que Saga Tierras y Bienes Inmuebles recibió antes y después de que Samuel García asumiera la gubernatura. Mientras que entre 2017 y 2021, época en que el actual gobernador fue legislador local y luego senador, la empresa recibió 231.5 millones de pesos, ese monto se disparó a 837.4 millones de pesos entre octubre de 2021 y julio de 2024.
El crecimiento coincide con el inicio del actual gobierno estatal y con la intensificación de contratos a empresas proveedoras que, presuntamente, triangulaban recursos hacia las firmas de la familia García.
Los documentos revisados también indicaban que los recursos no se quedaban estáticos en las cuentas de Saga. Con frecuencia, el dinero era transferido a otros fondos o empresas, lo que sugiere un movimiento constante de capitales difícil de rastrear sin una auditoría profunda.
Desvíos millonarios: Inmobiliarias y terrenos millonarios
Uno de los puntos que más llamó la atención en esta red financiera es el vínculo de Saga Tierras y Bienes Inmuebles con propiedades de alto valor comercial. La empresa fue constituida en 2016 por el gobernador y sus firmas jurídicas y contables, con el objetivo de adquirir y desarrollar proyectos inmobiliarios.
A nombre de esta compañía figura el terreno ubicado en la zona de Mesa de la Corona en San Pedro Garza García, una de las áreas más exclusivas del estado. Este terreno, cuyo valor comercial estimado ronda los 700 millones de pesos, fue mencionado en su momento por el propio gobernador, quien afirmó que fue recibido como “dación en pago” por parte del Grupo Gentor, supuestamente como compensación por servicios legales prestados durante dos décadas.
Además de ese predio, Saga también es propietaria de otros bienes en el sector Olinalá, que anteriormente eran del mismo grupo empresarial.
Las declaraciones fiscales de las empresas involucradas también mostraron un notable aumento en sus ingresos y activos a partir de octubre de 2021, lo cual coincidió con el arranque del actual sexenio. En ese contexto, la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, identificada como la base de operaciones financieras de la familia del gobernador, fue señalada en más de una ocasión como el centro de triangulación de recursos provenientes de contratistas del gobierno estatal.
Cierre sin explicación genera sospechas
A pesar de la magnitud de las cifras y la conexión directa con empresas contratistas del Estado, la Fiscalía de Nuevo León cerró la carpeta de investigación a mediados de 2024, aludiendo que no existían elementos suficientes para comprobar actos de corrupción. Sin embargo, de acuerdo con una fuente cercana al expediente, la decisión fue tomada sin haber revisado los documentos bancarios clave, algo que pone en entredicho la rigurosidad del proceso.
El hecho de que no se haya esclarecido el origen del dinero ni se haya exigido una justificación documental por parte del gobernador o sus socios ha despertado inquietud sobre un posible caso de impunidad institucionalizada.
Organismos civiles y figuras públicas han comenzado a manifestarse, señalando que este tipo de carpetazos sin fundamentos visibles a desvíos millonarios no solo impiden la rendición de cuentas, sino que además debilitan la confianza pública en los órganos de justicia.
Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el gobernador han ofrecido una versión detallada que explique el cierre del caso o la falta de investigación en profundidad. Samuel García, en una declaración pasada, mencionó que los recursos correspondían a pagos legítimos por servicios profesionales, pero nunca presentó documentación que respaldara esa afirmación.
El silencio oficial y la falta de información pública alimentan la percepción de que no se investigó con seriedad, y que el tema fue cerrado por conveniencia política más que por criterios jurídicos objetivos.
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