En un mensaje que ha causado reacciones encontradas, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que desde los penales estatales no se realiza ninguna llamada de extorsión. Durante su participación en la trigésima primera asamblea anual de funcionarios penitenciarios del país, el mandatario afirmó que en la entidad se ha erradicado por completo el autogobierno en los centros de reclusión, y que actualmente existe un control total por parte del Estado sobre estos espacios.
Las declaraciones fueron parte de un discurso en el que el gobernador se mostró confiado en los avances de su administración en materia penitenciaria, al tiempo que dirigió un exhorto a otras entidades federativas y al Gobierno federal para reforzar sus propios controles, particularmente mediante el uso de inhibidores de señal en sus cárceles. Enfatizó que, según sus datos, el 70 por ciento de las extorsiones que afectan a la población de Nuevo León provienen del penal de Altamira, en Tamaulipas.
La postura del Gobernador ha generado incredulidad entre diversos sectores, principalmente porque contrasta con la realidad que viven muchas víctimas de extorsión telefónica. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, señalando que es común que las personas reciban llamadas intimidatorias que supuestamente provienen de centros penitenciarios dentro del propio estado.
¡Ni una llamada según él! Samuel asegura que en los penales de NL no hay extorsiones y que el Estado tiene control total. Afirmó que la mayoría de las llamadas extorsivas provienen Tamaulipas, y pidió a otros gobiernos poner inhibidores.
— Especies Políticas (@EspeciesP_NL) July 31, 2025
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Un llamado a la federación, pero sin reconocer extorsión
Durante su intervención, Samuel García reconoció el impacto del delito de extorsión en la entidad, pero atribuyó su origen a penales foráneos. Hizo un llamado directo a los gobiernos estatales y al sistema penitenciario federal a que implementen mecanismos más efectivos para inhibir las señales telefónicas en sus centros penitenciarios.
“Tenemos que el 70 por ciento de las extorsiones a la población de Nuevo León vienen de un solo penal, que es el de Altamira”, señaló el Gobernador, asegurando que sus declaraciones no tenían la intención de señalar a otros gobiernos, sino de fomentar la cooperación para reducir este delito.
Sin embargo, el señalamiento a otros estados parece evadir la responsabilidad local, pues en repetidas ocasiones se han denunciado llamadas de extorsión atribuidas a reos internos de penales neoleoneses. En este contexto, la afirmación del mandatario de que “no sale una sola llamada de los penales de Nuevo León” suena, para muchos, como una generalización excesiva o una negación de hechos conocidos por la ciudadanía.
Inversión millonaria en penales… según Samuel García
En su exposición, Samuel García también aprovechó para presumir los avances en infraestructura penitenciaria durante su gestión. Según sus declaraciones, el gobierno ha destinado mil 500 millones de pesos a la mejora de los tres centros penitenciarios estatales y planea invertir otros 2 mil millones de pesos antes de que concluya su sexenio, en octubre de 2027.
El mandatario destacó la transformación del sistema penitenciario desde el cierre del antiguo Penal del Topo Chico, clausurado en el sexenio anterior. Recordó los incidentes violentos que marcaron la historia de ese centro de reclusión, el cual fue demolido para dar paso al Parque Libertad. “A nosotros nadie nos cuenta cómo pasar de esos centros penitenciarios del pasado a los del futuro”, dijo.
Entre los cambios que resaltó está la reducción en la sobrepoblación carcelaria, pasando de un modelo donde había hasta 17 personas por celda a otro donde se aloja un máximo de siete internos por celda. También mencionó la construcción de nuevos edificios, el uso de personal capacitado, y la aplicación de protocolos estrictos de vigilancia.
Otro de los puntos que el Gobernador subrayó fue el traslado de los líderes de grupos criminales a centros federales, lo que, según él, ha contribuido a mantener el orden interno en los reclusorios estatales.
Resultados cuestionados por la ciudadanía
Aunque Samuel García expuso una serie de medidas y cifras que buscan proyectar eficiencia en el sistema penitenciario, la percepción ciudadana no coincide del todo con esa visión optimista. Las denuncias de llamadas de extorsión presuntamente provenientes de penales locales han sido frecuentes, y organizaciones civiles han advertido que el delito sigue siendo una de las formas más comunes de violencia económica contra la población.
De acuerdo con cifras de años recientes, la extorsión ocupa un lugar destacado en las denuncias ciudadanas en el estado, con múltiples casos que involucran amenazas telefónicas, suplantación de identidad, y simulaciones de secuestros. Aunque el gobierno estatal insiste en que estos casos no tienen origen en los penales locales, las pruebas en algunos expedientes judiciales han apuntado lo contrario.
Por otro lado, aunque el Gobernador resaltó la disminución del consumo de drogas dentro de los centros penitenciarios —afirmando una baja del 88 por ciento—, no presentó datos que permitieran contrastar esta cifra con auditorías independientes. Tampoco se ofrecieron detalles sobre los métodos utilizados para medir dicha reducción.
La contradicción entre lo que dice el Gobierno estatal y lo que viven algunos ciudadanos ha generado una creciente desconfianza. La ausencia de un sistema transparente para validar la efectividad de estas políticas penitenciarias ha dejado abierta la puerta al escepticismo, en especial cuando se trata de delitos tan sensibles como la extorsión.
Seguridad bajo constante escrutinio
Más allá de las declaraciones, la seguridad pública en Nuevo León sigue siendo un tema de debate constante. Las estadísticas de delitos de alto impacto, los cuestionamientos sobre la eficacia de los cuerpos de seguridad, y las declaraciones políticas que a menudo minimizan la situación, alimentan la percepción de que las autoridades priorizan el discurso antes que la acción concreta.
En ese contexto, que el Gobernador asegure que no hay ni una sola llamada de extorsión desde los penales estatales, sin admitir al menos la posibilidad de casos aislados, puede ser visto como un intento de blindar la imagen de su administración más que como un reconocimiento franco de los retos pendientes.
Mientras tanto, la exigencia de los ciudadanos es clara: seguridad real y no solo narrativa. La gente quiere garantías, no discursos, y espera que, en lugar de apuntar a otras entidades, el gobierno estatal revise a fondo su propia casa.
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