La administración pública en Nuevo León enfrenta uno de sus episodios más oscuros e indefendibles. Mientras el discurso oficial del gobernador Samuel García se enfoca en vender una narrativa de modernización, desarrollo e “infraestructura del nuevo Nuevo León”, los expedientes financieros revelan una realidad sumamente preocupante: millonarias adjudicaciones estatales terminaron en manos de empresas vinculadas al crimen organizado.
Las alertas internacionales se encendieron tras un informe emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La autoridad estadounidense sancionó formalmente a una red corporativa señalada por operar financieramente para el Cártel del Noreste (CDN), grupo delictivo heredero de Los Zetas. Entre la lista de entes corporativos castigados destaca la firma Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), cuyos propietarios, Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, fueron identificados como piezas clave en el blanqueo de capitales y el financiamiento ilícito de campañas políticas.
El flujo de 110 millones de pesos a la red del Cártel del Noreste
A pesar de estos antecedentes y del riesgo inminente para la seguridad institucional, las arcas del estado de Nuevo León alimentaron a esta entidad comercial. Durante el periodo comprendido entre 2022 y 2023, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) asignó al menos 110 millones de pesos en licitaciones directas e indirectas a favor de CEGESA. Los proyectos concedidos abarcaron desde trabajos preliminares de terracería y delimitación de predios hasta la edificación de infraestructura crítica en el Puerto Internacional Colombia-Laredo, ubicado en el municipio de Anáhuac.
Desglose cronológico de las adjudicaciones en el Puerto Colombia
La secuencia de contrataciones evidencia una laxitud alarmante en los filtros de fiscalización del gobierno estatal:
- Julio de 2022: Asignación inicial por 15 millones de pesos destinada a la habilitación de predios y suministro de materiales en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL).
- Febrero de 2023: Otorgamiento de un segundo contrato por aproximadamente 25 millones de pesos enfocado en el remozamiento estético y fachada del parador turístico de la zona border.
- Julio de 2023: Adjudicación mayoritaria cercana a los 70 millones de pesos para levantar casetas de cobro y carriles de acceso estratégico en el mismo complejo aduanal.
Redes de subcontratación y complicidad en el gabinete estatal
Resulta escandaloso que obras destinadas a fortalecer la seguridad y el comercio binacional hayan sido puestas en manos de una estructura señalada por el Tesoro estadounidense por canalizar fondos negros a la política subcontratando a otras firmas sospechosas como Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA). Esta falta de rigor pone en entredicho no solo la honestidad de la administración de Movimiento Ciudadano, sino también la soberanía e integridad de las fronteras regiomontanas.
El punto central de esta red de complicidades e inoperancia apunta directamente a las decisiones operativas dentro del gabinete de Samuel García. El funcionario responsable de la firma de estos cheques no es un actor secundario: se trata de Marco Antonio González Valdez, quien funge simultáneamente como titular de CODEFRONT y Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario. Que un secretario de primer nivel apruebe de forma recurrente traspasos millonarios a personajes hoy perseguidos internacionalmente demuestra un patrón imperdonable de negligencia o complicidad sistémica.
Balance de una gestión bajo sospecha
En resumen, el gobierno de Samuel García entregó más de 110 millones de pesos a una empresa explícitamente señalada por Washington por financiar al Cártel del Noreste y lavar dinero ilícito. La entrega de proyectos estratégicos fronterizos a socios del crimen organizado bajo la firma del secretario Marco Antonio González Valdez expone una fachada de cambio que encubre viejas e indeseables prácticas de corrupción e irresponsabilidad gubernamental.
¿Hasta cuándo la ciudadanía de Nuevo León tolerará que el discurso de la “nueva política” solape contratos millonarios con estructuras delictivas?
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