El presunto pacto de complicidad entre el aparato estatal y los defraudadores de cuello blanco recibió un revés directo desde los tribunales locales. El Poder Judicial de Nuevo León determinó aplicar una ejemplar multa al penal de Apodaca luego de que mandos penitenciarios dependientes del gobernador Samuel García Sepúlveda autorizaran la salida clandestina de un reo de alto perfil hacia el Hospital Universitario, paralizando el proceso penal en su contra y desatando sospechas sobre si la orden vino desde las más altas esferas del gobierno estatal.
- El Poder Judicial reprende al estado imponiendo una sanción superior a los 100 mil pesos al director del penal
- La indignación de las autoridades judiciales tras enterarse de la liberación temporal de José Lobatón sin previo aviso
- El fiscal Javier Flores expone la falla institucional de la Secretaría de Seguridad estatal por saltarse el protocolo
- Las dudas sobre quién pagará realmente este castigo económico derivado de la salida ilegal hacia el Hospital Universitario
- El estancamiento del proceso por el mega fraude de mil 200 millones a causa de esta omisión penitenciaria
El Poder Judicial reprende al estado imponiendo una sanción superior a los 100 mil pesos al director del penal
La respuesta de los juzgados ante el desacato carcelario fue contundente. El juez de control determinó aplicar una corrección disciplinaria y sanción económica superior a los 100 mil pesos en contra del titular de la directiva penitenciaria, señalando una flagrante transgresión a las normas procesales. La resolución judicial evidenció la negligencia con la que el sistema de custodia estatal operó para excarcelar al imputado sin contar con el permiso legal correspondiente.
La indignación de las autoridades judiciales tras enterarse de la liberación temporal de José Lobatón sin previo aviso
La molestia en las salas de audiencias fue unánime cuando el banquillo de los acusados quedó vacío en plena sesión programada. Los jueces y las partes acusadoras descubrieron en el acto que las autoridades carcelarias habían permitido la salida de José Lobatón del Cereso de Apodaca sin haber girado una sola notificación previa a la autoridad jurisdiccional. El tribunal calificó el hecho como una burla al debido proceso, ejecutada a espaldas de la ley para justificar una inasistencia médica de última hora.
El fiscal Javier Flores expone la falla institucional de la Secretaría de Seguridad estatal por saltarse el protocolo
En rueda de prensa, el fiscal general del estado, Javier Flores Saldivar, no titubeó en señalar de forma pública la grave omisión cometida por el área carcelaria dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado:
“La información que se nos brindó por el Cereso de Apodaca fue en el sentido de que fue una atención médica que indebidamente no avisaron a la autoridad judicial el movimiento de esa persona… cuando menos el aviso a la autoridad judicial correspondía.”
El fiscal advirtió que la violación a los protocolos penitenciarios no puede quedar impune administrativamente, exhibiendo la permisividad de las dependencias estatales para facilitar salidas a conveniencia de los reclusos.
Las dudas sobre quién pagará realmente este castigo económico derivado de la salida ilegal hacia el Hospital Universitario
El traslado urgente con pretexto de una consulta con el urólogo en el Hospital Universitario no solo burló la vigilancia legal, sino que abrió una seria controversia sobre los costos del desacato. Ciudadanos y abogados cuestionan abiertamente si la sanción de más de 100 mil pesos será liquidada con el salario del funcionario responsable o si terminará siendo absorbida con dinero del erario público del estado de Nuevo León, premiando con impunidad una maniobra que benefició directamente a un acusado de fraude.
El estancamiento del proceso por el mega fraude de mil 200 millones a causa de esta omisión penitenciaria
La consecuencia más grave del movimiento penitenciario recae sobre las cientos de víctimas afectadas. El diferimiento judicial congeló el avance del juicio por un megafraude calculado en más de 1,200 millones de pesos cometido a través de los desarrollos inmobiliarios de Proyectos 9. Mientras las familias despojadas de su patrimonio siguen esperando justicia y la reparación del daño, el gobierno estatal prefiere tender puentes y comodidades para que los acusados evadan sus compromisos frente al tribunal.
En resumen, la complicidad del sistema penitenciario de Samuel García al excarcelar a José Lobatón hacia el hospital sin orden de un juez ameritó una sanción de más de 100 mil pesos por parte del Poder Judicial, congelando una vez más el juicio por el desfalco de 1,200 millones de pesos que mantiene en la ruina a cientos de familias en la entidad.
¿Crees que esta salida irregular fue una orden directa de las autoridades estatales o un acto de corrupción interna dentro del penal?
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