Las repercusiones políticas y legales tras el despliegue de brigadas de volanteo gubernamental en la periferia metropolitana continúan escalando en Nuevo León. Organizaciones civiles, actores políticos y ciudadanos exigen formalmente que se abra una carpeta de indagatoria por el presunto desvío de recursos en el que habría incurrido la administración encabezada por Samuel García, luego de que se documentara la movilización de personal operativo e institucional hacia labores de promoción política.
- Así salieron los autobuses de 3Museos desde el centro de Monterrey hacia Pesquería
- La marea naranja que invadió las calles de Valle de Santa María
- "Nos enviaron sin opción": Servidores públicos con gafete revelan la verdad detrás de las brigadas
- Constitucionalistas destrozan a la administración estatal por usar la nómina cultural
- Exigen protestas por burócratas acarreados a Pesquería e investigación a Rosa María Rodríguez Garza
El uso de infraestructura pública, transporte contratado y horas laborales pagadas con el erario para difundir logros de gobierno ha encendido las alarmas sobre la impunidad con la que se vulneran los principios de neutralidad e imparcialidad en la función pública.
Así salieron los autobuses de 3Museos desde el centro de Monterrey hacia Pesquería
La jornada no inició de manera espontánea en los puntos de reparto, sino con una concentración coordinada en el primer cuadro de la capital neoleonesa. A temprana hora, las inmediaciones del complejo cultural fueron utilizadas como punto de abordaje donde burócratas acarreados a Pesquería fueron reunidos para abordar unidades de transporte privado.
El convoy, compuesto por un autobús de gran capacidad y vehículos de escolta logísticamente organizados, partió desde las zonas aledañas al Museo de Historia Mexicana con rumbo al oriente de la zona metropolitana. El traslado masivo de trabajadores en horario de oficina evidencia una logística preconcebida que dependió directamente de la estructura operativa estatal.
La marea naranja que invadió las calles de Valle de Santa María
Al arribar a su destino, la comitiva de servidores públicos fue desplegada en uno de los sectores habitacionales con mayor densidad demográfica de la región. Portando prendas y accesorios alusivos a la identidad gráfica gubernamental, el grupo avanzó en bloque por las avenidas de la colonia Valle de Santa María.
Durante horas, el personal recorrió los domicilios colocando panfletos promocionales en portones, rejas y vehículos estacionados. La presencia constante de decenas de personas entregando folletos publicitarios modificó la dinámica habitual del sector, generando asombro e inconformidad entre los vecinos ante el despliegue de recursos humanos con fines exclusivamente propagandísticos.
“Nos enviaron sin opción”: Servidores públicos con gafete revelan la verdad detrás de las brigadas
La versión de una participación voluntaria por parte de los trabajadores quedó desmentida por los propios testimonios recabados durante la jornada. Varios empleados, quienes aún portaban sus acreditaciones oficiales y visibilizaban el gafete institucional, señalaron haber sido instruidos directamente por sus mandos superiores para acudir al operativo.
“Nos enviaron sin opción”, manifestaron bajo condición de anonimato por temor a perder su empleo. Los trabajadores denunciaron que la negativa a asistir a estas brigadas territoriales implicaba represalias administrativas, condicionando su estabilidad laboral al cumplimiento de actividades ajenas a sus funciones en los recintos culturales.
Constitucionalistas destrozan a la administración estatal por usar la nómina cultural
Diversos juristas y especialistas en derecho constitucional reaccionaron con dureza ante los hechos, calificando la maniobra como una afrenta directa al Estado de derecho y a la normativa electoral. De acuerdo con los expertos, destinar el salario de la plantilla laboral hacia actos de proselitismo o difusión institucional fuera de los cauces legales configura un claro desvío de recursos públicos.
Los especialistas remarcan que los organismos descentralizados poseen un objeto social y legalmente delimitado. Forzar al personal de la nómina cultural a realizar labores de marketing político para Samuel García vulnera el artículo 134 de la Constitución, abriendo la puerta a responsabilidades administrativas y penales para quienes ordenaron y ejecutaron el desvío.
Exigen protestas por burócratas acarreados a Pesquería e investigación a Rosa María Rodríguez Garza
Ante la gravedad de los señalamientos, diversos sectores de la sociedad civil y grupos de oposición han comenzado a articular movilizaciones ciudadanas para condenar el uso del aparato estatal con fines partidistas. Asimismo, se han presentado solicitudes formales ante los órganos de fiscalización para que se inicie una investigación a Rosa María Rodríguez Garza, titular del sistema de museos.
La exigencia ciudadana demanda auditar los registros de asistencia, las órdenes de salida del personal y la justificación técnica de la suspensión de labores en el recinto. Se busca determinar la responsabilidad directa de Rosa María Rodríguez Garza en la autorización para que la nómina cultural fuera utilizada como brazo operativo en Pesquería, exigiendo sanciones ejemplares para evitar que las instituciones patrimoniales sigan siendo instrumentalizadas por el poder político.
Lee más en Especies Políticas:
Rayados le gana a Pachuca y toma respiro en la Liga MX
Claudia Sheinbaum impulsa ley que transformará el dinero en México
La tormenta tropical Trudy enciende alertas por lluvias intensas
