La corrupción y el hostigamiento de las autoridades locales en Nuevo León alcanzaron los proyectos de infraestructura más importantes a nivel federal. Ni los transportistas encargados del desarrollo del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, una de las obras insignia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, consiguen librarse del acoso de los cuerpos de seguridad municipal, una problemática que tiene frenadas las actividades en la región de Salinas Victoria.
Tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo
Los choferes que transportan insumos vitales para la vía ferroviaria sufren detenciones arbitrarias y cobros desmedidos por parte de las patrullas locales. El municipio de Salinas Victoria, encabezado por el emecista Raúl Cantú, se ha transformado en un terreno hostil para el sindicato de transportistas y los inversionistas privados que buscan dar salida a la conectividad del norte del país.
El acoso es dirigido principalmente por la Secretaría de Seguridad y Vialidad municipal bajo las órdenes de Arturo Garza Morúa, funcionario que acumula reportes de extorsión desde el año 2024. Las quejas formales indican que las patrullas se posicionan estratégicamente para bloquear el traslado de materiales esenciales, interrumpiendo el flujo operativo de los transportes de carga.
Líder nacional de moches
A raíz de estas malas prácticas, diversos empresarios del transporte de carga catalogan a Nuevo León como el líder nacional de moches y persecución laboral. Jorge Gloria Ovalle, directivo de la CROC en el estado, denunció públicamente que las fuerzas de vialidad les han decomisado un total de 20 camiones de una flota de 35 disponibles, cobrando tarifas de corralón y multas ilegales que oscilan entre los 30 mil y 50 mil pesos.
Esta situación ha provocado paros forzados de varios días en las zonas operativas de San Javier y Lampazos, donde es imposible ofrecer servicios de traslado. A pesar de que las labores en los predios particulares iniciaron formalmente en enero, el acoso de policías y tránsitos municipales arreció de golpe a mediados de febrero mediante el bloqueo deliberado a las salidas de los camiones con tierra y piedra.
Constructora ICA realiza los trabajos
El conflicto escaló de gravedad cuando las autoridades locales instalaron un retén permanente en el entronque de la Carretera a Colombia con Mamulique, afectando los terrenos donde la constructora ICA realiza los trabajos principales. Pequeños empresarios que operan flotillas locales de hasta 10 unidades sufren pérdidas económicas diarias por el hostigamiento policial, mientras que la constructora federal observa retrasos severos en la cadena de suministro que viene desde Villaldama.
El arresto violento
La situación escaló a la agresión física y la privación de la libertad cuando el propio líder de la CROC fue interceptado tras documentar las detenciones constantes de las unidades en un operativo de rutina. El titular de seguridad del municipio ordenó su arresto violento bajo el pretexto de una documentación vencida, manteniéndolo incomunicado por un lapso de tres días y exhibiéndolo en redes oficiales de forma difamatoria para justificar el cobro de cuotas.
Array
