El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta cuestionamientos tras la revelación de que adquirió un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, valorado en 800 millones de pesos. La propiedad, que cuenta con lujosos detalles como alberca, dos casas, una sala de trofeos de cacería y hasta un helipuerto, fue adquirida a través de la empresa familiar Saga Tierras y Bienes Inmuebles.
Un contrato millonario y una adquisición controversial
La polémica surge por la cercanía temporal entre la compra del rancho y la adjudicación de un contrato millonario a la Constructora Garza Ponce, responsable de la ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey. Dos días después de que el gobierno de Nuevo León firmara un contrato por más de 12 mil millones de pesos con este consorcio regio, la familia Garza Ponce transfirió la propiedad del rancho al gobernador mediante un contrato de reversión de propiedad.
La Constructora Garza Ponce, con un historial ligado a proyectos públicos importantes, también estuvo involucrada en la construcción de la Línea 2 del Metro, misma que presentó fallas estructurales. Aunque estas deficiencias llevaron a demandas contra otros contratistas, la constructora no enfrentó acciones legales significativas, lo que ha generado suspicacias sobre su relación con la administración estatal.
Exigencias de transparencia y reacciones
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco), Fernando Canales Stelzer, calificó la compra del rancho como un acto insensible que afecta la credibilidad del gobernador. Canales destacó que la adquisición de propiedades de lujo, como este rancho, desvía la atención de problemas prioritarios en el estado, como la movilidad y la seguridad.
“No es la primera vez que Samuel García enfrenta señalamientos por compras de terrenos,” mencionó Canales, recordando la polémica en mayo pasado, cuando el mandatario fue acusado de adquirir un terreno de 17.6 hectáreas en San Pedro Garza García por más de 700 millones de pesos. “En aquel momento, su explicación no convenció a nadie, y ahora debe rendir cuentas nuevamente,” añadió.
Líderes empresariales y ciudadanos han pedido claridad sobre el origen de los recursos para estas adquisiciones y han cuestionado si se están aprovechando los vínculos del gobernador con empresas contratistas para beneficios personales.
Un patrón de acumulación y cuestionamientos
La compra del rancho no es un caso aislado. Las propiedades gestionadas a través de Saga Tierras y Bienes Inmuebles, empresa que comparte con su padre, reflejan un patrón de adquisiciones que han despertado dudas sobre la transparencia de estas transacciones. Además, el aumento injustificado en el costo del contrato de las Líneas 4 y 6 del Metro ha añadido más tensión a la situación.
La Canaco ha instado al gobernador a priorizar las necesidades del estado y aclarar los procesos detrás de estas operaciones. Para muchos, el rancho es un símbolo de las problemáticas relacionadas con la gestión de recursos públicos y la falta de supervisión en contratos gubernamentales.
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La adquisición del rancho de Samuel García sigue siendo un tema de debate, generando preocupación sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y los posibles conflictos de interés en su administración.
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