La gasolina Premium en Nuevo León se ha convertido en un tema de indignación para miles de automovilistas. La reciente exhibición realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia matutina presidencial volvió a poner en evidencia los altos precios que se cobran en el estado. Una estación ubicada en la avenida Félix U. Gómez, en Monterrey, fue señalada por vender el litro de Premium en 27.49 pesos, cifra que la colocó entre las más caras de todo el país.
Este dato no es menor: en una economía ya presionada por la inflación y la falta de control en muchos sectores, el combustible se vuelve un factor determinante en la vida diaria. En un contexto donde el transporte y la movilidad son esenciales, este precio representa un duro golpe para el bolsillo de las familias regiomontanas y para el sector productivo.
La estación denunciada en Monterrey quedó solo por debajo de una estación ubicada en Guanajuato, que registró un precio aún mayor. Este hecho confirma la percepción ciudadana de que llenar el tanque en Nuevo León no es un lujo, sino un sacrificio financiero.
Señalamientos constantes a NL
No es la primera vez que Nuevo León se encuentra en la mira por los precios abusivos en los combustibles. A principios de año, la Profeco ya había etiquetado al estado como una de las entidades con más estaciones “careras” en el país. Junto a Jalisco, sumaban al menos siete gasolineras que fueron denunciadas y marcadas con lonas de advertencia por comercializar gasolina regular por encima de los 24 pesos por litro.
En ese entonces, Iván Escalante, titular de la Profeco, explicó que desde enero se colocaron lonas en diversas estaciones que destacaban por sus precios excesivos. Esta estrategia tenía el objetivo de exhibir públicamente a las estaciones abusivas y presionar para que corrigieran sus tarifas. Aunque algunas lograron ajustar sus precios y retirar las lonas, muchas otras permanecen en la lista negra de la dependencia federal.
La situación se vuelve aún más preocupante si se considera que, de acuerdo con los reportes, el margen de ganancia en la estación de Félix U. Gómez fue de 4.28 pesos, lo que evidencia la desproporción entre el costo real del combustible y el precio final al consumidor.
Así fue el decomiso de 1.2 millones de litros de gasolina en Nuevo León.
— INFO7MTY (@info7mty) June 20, 2025
Fuerzas Estatales y Federales trabajaron en conjunto para asestar este contundente golpe al huachicol.
Esta acción forma parte de una investigación indaga el ingreso de combustible ilegal de Estados Unidos… pic.twitter.com/ZKR9HIvqxu
Crisis de huachicol y falta de control
A la par del aumento en los precios, Nuevo León enfrenta otro problema grave: el crecimiento del huachicoleo, es decir, el robo y venta ilegal de combustible. En los últimos meses, la Guardia Nacional ha localizado y clausurado diversas tomas clandestinas, especialmente en el municipio de Allende, donde se han decomisado grandes cantidades de hidrocarburo.
Esta dualidad resulta preocupante: mientras las estaciones legales venden la gasolina a precios estratosféricos, el mercado negro encuentra terreno fértil entre consumidores desesperados por conseguir un producto más barato. El huachicoleo no solo significa una pérdida millonaria para el erario, sino que representa un peligro para la seguridad pública y fomenta economías informales que se alimentan de la corrupción.
Además, estas operaciones clandestinas muestran la falta de supervisión efectiva por parte del gobierno estatal. Muchos ciudadanos se preguntan: ¿dónde están las inspecciones?, ¿qué medidas se están tomando para evitar que el crimen organizado controle parte de la distribución de combustible?
Falta de voluntad política
Mientras tanto, el gobierno de Samuel García continúa promoviendo una narrativa de modernidad y eficiencia. Sin embargo, la realidad cotidiana revela un panorama distinto: altos precios en los servicios básicos, problemas de movilidad, violencia en aumento y ahora, uno de los combustibles más caros del país.
El incremento sostenido en el precio de la gasolina afecta de manera directa la canasta básica, el transporte público y el precio de otros bienes y servicios. Cada aumento repercute en la economía familiar, y aunque el gobierno estatal se ha jactado de tener “proyectos innovadores” y un “Nuevo Nuevo León”, la percepción ciudadana sigue apuntando a una falta de resultados concretos en temas prioritarios.
El problema de fondo radica en la ausencia de políticas públicas que garanticen precios competitivos y eviten abusos. La Profeco ha cumplido en señalar, pero las sanciones reales y los correctivos contundentes siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la ciudadanía absorbe el impacto económico y pierde la confianza en sus autoridades.
Al mismo tiempo, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no existe una regulación efectiva que limite el margen de ganancia de las estaciones? ¿Cuántos intereses están detrás de mantener estos precios? La transparencia en la cadena de distribución y en los permisos de operación sigue siendo un pendiente grave.
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