La reciente declaración del Gobierno de Nuevo León sobre la supuesta protección oficial del Río Santa Catarina ha generado una ola de críticas por parte de colectivos ambientalistas y organizaciones civiles. Aunque el gobernador Samuel García anunció públicamente que el cauce natural había sido declarado Área Natural Protegida, las organizaciones han aclarado que lo publicado en el Periódico Oficial del Estado no es una declaratoria formal, sino únicamente un aviso de intención sin efectos jurídicos.
El anuncio, ampliamente difundido por el gobierno estatal como un logro en materia ambiental, ha sido calificado por activistas como una simulación política que no garantiza protección legal alguna al ecosistema. En lugar de avanzar hacia una verdadera protección, acusan, el Ejecutivo estatal se ha limitado a emitir un documento sin sustento legal, sin estudios técnicos previos y sin cumplir con los procesos que exige la ley para reconocer formalmente un área natural protegida.
No es declaratoria, es un aviso
Uno de los colectivos más activos en la defensa del Río Santa Catarina, Un Río en el Río, fue enfático en señalar que el documento publicado por el gobierno estatal no tiene valor jurídico como declaratoria ambiental. Según explicaron sus representantes, lo que se dio a conocer es un simple acuerdo de intención, una especie de compromiso público que no reemplaza los trámites legales requeridos.
“Es totalmente falso que el Río Santa Catarina haya sido declarado Área Natural Protegida”, explicó Andrea Villarreal, integrante del colectivo. Detalló que para que una zona obtenga esa categoría se debe presentar un estudio técnico justificativo, validado por instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como establecer un programa de manejo aprobado por la autoridad competente.
En este sentido, recalcaron que desde el año 2008 ya existía una figura de protección parcial bajo la modalidad de parque urbano, pero dicho reconocimiento quedó sin efecto cuando en 2010, tras el paso del huracán “Alex”, se cancelaron todas las concesiones relacionadas con el cauce del río. Por ello, cualquier nueva declaratoria requiere comenzar desde cero, con estudios formales, participación de especialistas y dictámenes oficiales.
¿Propaganda verde de Samuel?🌱 Colectivos aclararon que el acuerdo publicado por el Estado sobre el Río Santa Catarina no es una declaratoria oficial, sino solo un aviso de intención. Señalan que aún faltan estudios técnicos y procesos legales.
— Especies Políticas (@EspeciesP_NL) June 10, 2025
Conoce más en la nota. pic.twitter.com/RCLYdQmAKm
Colectivos exigen congruencia sobre el Río Santa Catarina
Más allá de la forma del documento, las organizaciones civiles también cuestionan la coherencia del gobierno estatal. Mientras se promueve públicamente la idea de proteger el río, señalan, la misma administración avaló proyectos como el viaducto elevado en Morones Prieto, que cruzaba precisamente por el cauce del Santa Catarina y representaba una amenaza directa a su ecosistema.
Lizeth Ovalle, también integrante de Un Río en el Río, señaló que el Estado no puede proclamarse defensor del medio ambiente mientras impulsa o respalda obras que contradicen por completo ese discurso. “¿Cómo puede considerarse un santuario ecológico el mismo río donde se proyecta construir un viaducto de cuota?”, cuestionó.
Para Ovalle, el futuro del río no puede definirse a través de “anuncios simbólicos” ni decisiones apresuradas. Por el contrario, requiere de acciones congruentes, con fundamento técnico, legal y participativo. La organización ha sido clara en que no se oponen a que el Río Santa Catarina sea protegido; lo que exigen es que se haga correctamente, con rigor científico y respaldo normativo.
También revelaron que, desde noviembre de 2024, forman parte de una mesa de trabajo junto con Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, con el objetivo de avanzar hacia una verdadera declaratoria legal. Sin embargo, aseguran que este acuerdo publicado no representa el resultado de ese proceso, sino una medida aislada que busca ganar simpatía pública sin avanzar en lo esencial.
Discurso ambiental bajo la lupa
Este episodio ha reavivado el debate sobre el uso político del discurso ambientalista por parte de gobiernos estatales y municipales. A medida que crece la presión social por proteger el entorno natural, algunos actores públicos optan por acciones simbólicas que no se traducen en cambios reales. En este contexto, los colectivos exigen que las políticas ambientales de Nuevo León no se reduzcan a estrategias de imagen, sino que se conviertan en compromisos vinculantes, verificables y sostenibles en el tiempo.
El caso del Río Santa Catarina también representa un llamado de atención sobre la fragilidad institucional cuando se trata de proteger bienes naturales comunes. Sin una declaratoria formal, el cauce sigue expuesto a proyectos inmobiliarios, infraestructura vial o usos privados que podrían modificar irreversiblemente su carácter ecológico.
Para ambientalistas, la participación ciudadana y la vigilancia pública serán claves en los próximos meses. Aún falta que el Estado presente el estudio técnico justificativo, convoque a consulta pública y someta a evaluación el tipo de protección más adecuada. Sólo así podría concretarse una figura legal que verdaderamente blinde al Río Santa Catarina.
Por ahora, el anuncio de Samuel García ha sido recibido con escepticismo, y los colectivos llaman a no bajar la guardia. En sus palabras, proteger un río no se logra con una firma, sino con políticas integrales, voluntad real y respeto por los procedimientos que garantizan que la protección sea algo más que un discurso.
Array
