El Gobierno de Samuel García vuelve a estar bajo la lupa pública tras revelarse que otorgó un contrato millonario a una empresa cuyo representante está ligado a compañías señaladas por posibles irregularidades. En esta ocasión, la administración estatal decidió beneficiar con 16 millones de pesos a la firma Maltrex, S.A. de C.V., pese a que su apoderado legal ha estado relacionado con empresas acusadas de ofrecer servicios fantasma.
La empresa fue contratada para realizar trabajos de impermeabilización en el Pabellón Ciudadano y mantenimiento en diversos planteles educativos. Sin embargo, las conexiones del representante con compañías señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASENL) han despertado dudas sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos.
Maltrex recibió en abril de 2025 un contrato por 3.7 millones de pesos para impermeabilizar el Pabellón Ciudadano, mientras que durante 2024 también recibió 11 pagos que suman 12.3 millones de pesos por dar mantenimiento a 11 escuelas en municipios como Monterrey, Juárez y Guadalupe.
La compañía tiene su domicilio en la colonia Obrera, en Monterrey, y está representada por David Maldonado Martínez, quien figura en el registro oficial de proveedores con el mismo correo electrónico y número telefónico que otras empresas bajo escrutinio.
Vínculos con empresas señaladas
El caso ha generado inquietud porque Maldonado Martínez también aparece como representante legal de MM Legal Solutions, S.A. de C.V., empresa dedicada a consultoría y gestiones administrativas y jurídicas en Reynosa y Ciénega de Flores. Precisamente en este último municipio, MM Legal Solutions fue observada por la ASENL por presentar anomalías no solventadas.
Entre los hallazgos destaca un pago de 753 mil pesos, efectuado mediante un cheque el 10 de mayo de 2023, correspondiente a honorarios por la gestión de adeudos municipales, respaldados por un contrato de prestación de servicios y una factura emitida en marzo de ese mismo año.
La auditoría encontró que no se exhibieron garantías, pólizas de fianza ni evidencia comprobable de los trabajos realizados. Además, el proceso de contratación fue adjudicación directa y no se justificaron las excepciones que permitieron evitar una licitación pública, tal como lo exige la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
A esto se suma que la documentación carecía de validaciones por parte del personal responsable y no se presentaron pruebas que confirmaran la entrega o recepción de los servicios contratados. La Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior también fueron señaladas como incumplidas, ya que exigen soportes claros para justificar cualquier pago realizado con recursos públicos.
Más empresas bajo el mismo nombre
Además de MM Legal Solutions y Maltrex, Maldonado Martínez figura en otra empresa llamada Servicios y Gestiones Estratégicas LM, S.A. de C.V., registrada en Monterrey desde 2021. Esta compañía ofrece servicios legales y de cobranza, y tiene como domicilio una dirección diferente en la colonia Contry Estrella. Aunque aparece otro representante legal, Jacobo Alfredo Leal, se usa el mismo correo electrónico y el número telefónico que identifica a Maldonado Martínez.
Esta red de empresas con información de contacto compartida ha levantado sospechas sobre posibles prácticas irregulares o simulaciones de competencia para obtener contratos públicos. Expertos en fiscalización consideran que esta estructura puede facilitar la triangulación de recursos y evitar la supervisión adecuada, debilitando la rendición de cuentas.
Por su parte, ciudadanos y organizaciones civiles han manifestado preocupación, pues consideran que este tipo de prácticas compromete la confianza en las instituciones y refleja un manejo deficiente de los fondos públicos.
Detalles de la licitación con Maltrex
El contrato principal otorgado a Maltrex incluía la impermeabilización del Pabellón Ciudadano, un edificio público que había presentado filtraciones. Según la ficha técnica, era urgente realizar trabajos para evitar mayores daños estructurales y proteger los espacios interiores.
La intervención contempló el retiro de 6,600 metros cuadrados de la membrana existente, instalación de nueva membrana prefabricada, sellado de grietas, aplicación de sellador asfáltico y el manejo adecuado de los residuos generados.
Además del Pabellón Ciudadano, Maltrex también recibió pagos por mantenimiento en 11 escuelas públicas, con montos que oscilaron entre 293 mil y 2.4 millones de pesos por plantel. Estos trabajos fueron autorizados por la Secretaría de Educación, liderada por Sofía Leticia Morales, como parte del programa de rehabilitación de infraestructura educativa.
Cabe mencionar que Maltrex compitió contra otras cuatro empresas en la licitación para el Pabellón Ciudadano: Edificaciones e Infraestructuras Modernas, Constructora e Inmobiliaria Salinas Cisa, Comercializadora Nine y Alfercan Constructores. Sin embargo, la firma resultó ganadora, a pesar de las observaciones previas y las conexiones de su representante legal con compañías bajo cuestionamientos.
Las adjudicaciones directas, la falta de evidencia clara y la recurrencia de contratos a las mismas redes empresariales ponen en entredicho la solidez del proceso.
¡Otra empresa premiada! Maltrex recibió 16 mdp del gobierno de NL para impermeabilizar el Pabellón Ciudadano y dar mantenimiento a escuelas, pese a que su representante está vinculado a servicios fantasma. La Auditoría detectó graves irregularidades. 💸🔎
— Especies Políticas (@EspeciesP_NL) July 3, 2025
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Ciudadanía exige claridad sobre Maltrex
La asignación de estos contratos millonarios a empresas con antecedentes cuestionables ha reavivado el debate público sobre la transparencia en el uso de recursos públicos. Ciudadanos y organizaciones han pedido explicaciones al gobierno estatal, exigiendo que se garanticen procesos limpios y se eviten posibles actos de corrupción.
En un contexto donde la población enfrenta múltiples retos —desde problemas de movilidad, escasez de agua, hasta inseguridad—, la noticia de que millones de pesos se destinen a compañías señaladas como “fantasma” incrementa el malestar social.
Especialistas en rendición de cuentas subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y auditar a fondo estos contratos para deslindar responsabilidades y evitar daños al erario público.
Mientras tanto, la administración estatal continúa defendiendo la legalidad de sus adjudicaciones y asegura que todos los contratos cumplen con los procedimientos establecidos. Sin embargo, para la ciudadanía, las explicaciones no han sido suficientes y la presión social para esclarecer el destino de los recursos sigue en aumento.
La situación ha puesto en el centro la necesidad de implementar políticas de contratación más estrictas, asegurar la revisión exhaustiva de los antecedentes de las empresas participantes y exigir que los representantes legales no tengan vínculos con compañías previamente observadas por las autoridades.
Para muchos, el caso Maltrex se ha convertido en un ejemplo más de los retos que enfrenta Nuevo León en materia de corrupción y buen gobierno, y evidencia la urgencia de contar con administraciones verdaderamente comprometidas con la ética pública.
