La emblemática obra de Samuel García, El Cuchillo 2, presentada como la gran solución a la crisis hídrica que azotó a Monterrey en 2022, enfrenta una nueva tormenta: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló anomalías millonarias en su construcción. La magnitud de las observaciones pone en entredicho la transparencia con la que se gestionó uno de los proyectos más mediáticos del actual gobierno estatal.
El reciente informe de la ASF detalla que hay 27 millones 929 mil pesos en pagos que no han sido plenamente justificados. De acuerdo con el organismo, estos recursos fueron entregados a proveedores sin comprobar volúmenes reales de obra, con materiales diferentes a los estipulados y en conceptos que directamente no se ejecutaron.
El acueducto, que debía abastecer de agua al área metropolitana, se construyó de forma apresurada y sin procesos de licitación, amparado en la emergencia. Bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se buscó una entrega rápida. Sin embargo, la prisa podría haber abierto la puerta a irregularidades y a un manejo opaco del dinero público.
La ASF halla anomalías en El Cuchillo 2 y determina que Conagua debe aclarar $27 millones 929 mil 908 que fueron pagados en exceso en obra.#Entérate https://t.co/7TIExuWS5P
— EL NORTE (@elnorte) July 1, 2025
Costos que superan lo planeado
Inicialmente presupuestado en 10 mil 400 millones de pesos, El Cuchillo 2 terminó costando 14 mil 680 millones, una diferencia de más de 4 mil millones que no ha sido explicada del todo a la ciudadanía.
Entre los casos señalados destaca un pago de 22.6 millones de pesos por trabajos con grúas en movimientos de tierra. La ASF apunta que en este concepto no existe un desglose detallado de materiales, mano de obra ni rendimientos, haciendo imposible verificar si el monto corresponde a la realidad.
A esto se suma la colocación de cercas con palos en lugar de los postes de madera previstos, un cambio que implicó un pago de 3.8 millones de pesos y redujo la calidad y durabilidad de la obra.
Otro de los puntos críticos es el pago de 750 mil pesos por 30 luminarias que jamás fueron colocadas. Una revisión física en abril de 2025 evidenció que solo se instalaron 13 de las 43 luminarias facturadas, dejando en claro un incumplimiento grave.
Además, se detectaron 419 mil pesos pagados por errores en el cálculo del concreto, ya que no se descontó el volumen ocupado por el acero de refuerzo. Finalmente, contratos de servicios presentaron inconsistencias por 374.7 mil pesos.
Patrón repetido y cuestionamientos
Estas observaciones no son aisladas: en las cuentas públicas de 2022 y 2023, la Auditoría ya había identificado irregularidades por 139 millones y 77.3 millones de pesos, respectivamente. Este patrón confirma una tendencia preocupante en la forma de administrar los recursos en este megaproyecto.
La obra fue anunciada y celebrada en diversas ocasiones por el gobierno de Samuel García, que la presentó como un símbolo de capacidad de respuesta ante la crisis. No obstante, las constantes inauguraciones —cuatro en total— y los actuales hallazgos, han llevado a muchos a cuestionar si la prioridad fue resolver el problema del agua o capitalizar políticamente la infraestructura.
Diversos colectivos ciudadanos y voces expertas en rendición de cuentas han pedido que se publiquen de inmediato los contratos, bitácoras de obra y facturas que respalden cada peso invertido. La falta de claridad no solo erosiona la confianza pública, sino que también alimenta el enojo de la población, que espera explicaciones y responsabilidades claras.
Exigen respuestas y transparencia
La Auditoría ha sido contundente: si no se aclaran y justifican estos pagos, deberán ser devueltos a la Tesorería de la Federación, lo que significa una posible carga financiera para las instituciones involucradas.
El caso de El Cuchillo 2 es hoy un ejemplo de los riesgos de gestionar obras emergentes sin controles firmes y sin mecanismos de transparencia eficaces. Para muchos, la rapidez no puede ser excusa para justificar la opacidad ni para comprometer la calidad de una obra pública tan crucial.
El futuro inmediato marcará si la administración estatal y Conagua son capaces de demostrar con documentos y resultados la legalidad y eficiencia de cada gasto. Mientras tanto, la ciudadanía exige no solo explicaciones, sino también acciones concretas para castigar a los responsables y garantizar que este tipo de situaciones no se repitan.
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