La tensión política en Nuevo León volvió a escalar esta semana luego de que la presidenta del Congreso del Estado, Lorena de la Garza, presentara ocho nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La diputada acusa al mandatario estatal de haber cometido diversas irregularidades durante el proceso electoral de 2024, incluyendo el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada desde el cargo y la violación del principio de equidad en la contienda.
De acuerdo con De la Garza, las nuevas denuncias se suman a una larga lista de resoluciones previas emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuales ya han sentenciado al gobernador en al menos 35 ocasiones por faltas de carácter electoral. Sin embargo, ninguna de esas resoluciones ha derivado hasta el momento en sanciones efectivas.
Este escenario ha generado malestar entre sectores políticos y ciudadanos, quienes consideran que las acciones de Samuel García durante el proceso electoral transgredieron principios fundamentales de la democracia y que, a pesar de ello, las instituciones han fallado en hacer cumplir la ley.
Denuncias por uso indebido de recursos
En conferencia de prensa, la diputada Lorena de la Garza informó que las ocho denuncias presentadas ante la FGR se enfocan en el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar campañas electorales afines al gobierno estatal. Según explicó, durante los meses previos a las elecciones, se documentaron múltiples actividades oficiales, discursos y giras del gobernador que coincidieron con la promoción de candidaturas específicas, lo que a su juicio configura un uso político de su posición.
Entre los elementos presentados por De la Garza se incluyen videos, fotografías, registros de eventos públicos y notas periodísticas que, según afirmó, acreditan la participación del gobernador en actos que vulneran la equidad del proceso electoral. Asimismo, señaló que varios de esos hechos ya fueron revisados por la autoridad electoral, que emitió sentencias condenatorias en 35 casos distintos.
Pese a ello, la legisladora enfatizó que no se ha materializado ninguna sanción real contra el mandatario, por lo que las nuevas denuncias buscan que el Ministerio Público federal actúe con mayor contundencia y responsabilidad.
La diputada también hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta al desarrollo del proceso legal, subrayando que “no puede haber democracia real cuando quienes tienen poder usan los recursos del Estado para favorecer sus propios intereses electorales”.
Impunidad ante sentencias electorales
Uno de los temas que más ha generado indignación es el hecho de que, a pesar de las 35 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, Samuel García no haya enfrentado ninguna consecuencia jurídica o administrativa. Los fallos del TEPJF, en su mayoría, confirman violaciones al principio de imparcialidad, uso indebido de propaganda gubernamental, actos anticipados de campaña y promoción personalizada.
En otros casos, se le atribuye haber permitido que recursos humanos y materiales del gobierno estatal fueran utilizados para actividades proselitistas, lo cual representa un quebranto al deber de neutralidad que debe mantener cualquier funcionario durante un proceso electoral.
Para muchos analistas políticos y constitucionalistas, esta situación refleja una preocupante falla institucional, ya que pone en evidencia los límites del sistema de justicia electoral en México. “Si un funcionario público puede acumular decenas de sentencias sin que se le impongan sanciones efectivas, entonces el mensaje que se envía es de permisividad total”, opinó un especialista consultado por este medio.
Incluso representantes de organismos civiles han manifestado su preocupación por lo que califican como un patrón de impunidad estructural, donde los órganos administrativos sancionan, pero las resoluciones quedan en el limbo ante la falta de ejecución por parte de las autoridades correspondientes.
Acusan desvío con fines electorales
Desde que iniciaron las campañas rumbo a las elecciones de 2024, distintas voces han denunciado una estrategia gubernamental orientada a incidir en los resultados a través de recursos públicos, infraestructura del Estado y cobertura institucional. Las giras constantes del gobernador, sus intervenciones en eventos partidistas y su activa presencia en redes sociales han sido señaladas como parte de esta estrategia.
En los meses más intensos de la contienda, Samuel García mantuvo una agenda pública que, según sus críticos, mezclaba funciones institucionales con apoyo velado a candidaturas específicas, sobre todo aquellas ligadas a Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó al poder.
Lorena de la Garza asegura que las pruebas que acompañan sus denuncias demuestran este comportamiento reiterado, y considera que las instancias federales deben asumir su responsabilidad para garantizar la legalidad del proceso electoral.
“Ya no se trata de una acusación aislada, ni de una opinión partidista. Estamos hablando de decenas de sentencias firmes que acreditan violaciones a la ley, y de una impunidad que se mantiene por omisión o por complicidad”, sentenció la diputada.
Ante este panorama, los sectores críticos han insistido en que la FGR actúe con independencia, sin dejarse influir por factores políticos, y que imponga las sanciones correspondientes si encuentra responsabilidad penal en los hechos denunciados.
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